La aristocracia bogotana se enteró de la existencia de Arauca por allá a comienzos del siglo pasado, cuando Humberto Gómez se alzó en armas contra el gobierno central. Después la región cayó en el silencio. A finales de los años cuarenta, el gobierno conservador de Mariano Ospina estuvo negociándola con Venezuela a cambio de ayuda para derrotar a las guerrillas liberales, y los liberales de la época trataron de hacer lo mismo a cambio de armas para Guadalupe Salcedo. Después, otra vez al cuarto de San Alejo.

Arauca nació para la opinión pública sólo cuando se descubrieron los yacimientos de Caño Limón. Y desde ese día en adelante cada barril de petróleo ha costado mucha sangre. Las guerrillas han fortalecido sus contingentes con lo que ellas llaman impuesto de guerra, que a las buenas o a las malas las compañías petroleras pagan; el Gobierno, fuera de los tributos ordinarios, cobra impuesto de paz y, además, las compañías ayudan generosamente a sostener batallones militares que cuidan sus campos petroleros. La proliferación de grupos paramilitares ha ido pareja con la extracción, la voladura del oleoducto, los combates entre el Ejército y las guerrillas y, por supuesto, con la violación de los Derechos Humanos.

El reciente informe de Amnistía Internacional es dramático. Las cifras de asesinatos, desapariciones, desplazamiento de campesinos, han aumentado drásticamente desde el año 2002, sobre todo en las regiones donde mayor es la presencia de la Fuerza Pública: Tame, Saravena, y Arauquita. La Seguridad Democrática creó en estos municipios las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación, que la Honorable Corte Constitucional echó para atrás. No obstante, dice el informe de Amnistía, los procedimientos prohibidos no han dejado de utilizarse, contraviniendo no sólo el mandato constitucional sino desconociendo el Derecho Internacional Humanitario. Los vínculos entre militares y paramilitares no se han roto, como lo confirman y reafirman la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Naciones Unidas. Los fiscales viven en los cuarteles y suelen actuar ex post facto, legitimando los atropellos. La Occidental Petroleum, que tanto ha influido en la orientación y en el desarrollo del Plan Colombia, es acusada por Amnistía de corresponsabilidad en el bombardeo a civiles en Santo Domingo y, a través de la financiación de batallones acusados de connivencia con el paramilitarismo, de atizar el incendio de Arauca.

De modo que para Amnistía Internacional, la Seguridad Democrática es una estrategia destinada a que la gente se meta más y más en la guerra; supuestamente al lado del Gobierno, pero en la realidad, empujándola a los extremos. Los “soldados campesinos” y la red de informantes ponen en la mira de la guerrilla no sólo a sus miembros, sino a sus familias. A su vez, las redadas generalizadas cumplen una función clave: señalar públicamente a defensores de DDHH, periodistas, sindicalistas, políticos y dirigentes campesinos, para que los paracos terminen de hacer el trabajo. El resultado es considerado por AI como una violación flagrante del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y por tanto de los Convenios de Ginebra. Para refrendarla, cita el informe una frase presidencial: “Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado contra cualquier modalidad criminal”. Es la polarización forzada de la población civil, es la militarización del conflicto social, es el estado de guerra generalizado.

Si, para los araucanos del común, la Seguridad Democrática ha traído sólo dolor y sangre, para las compañías petroleras ha reportado grandes beneficios: la Occidental Petroleum acaba de ser beneficiada con la prórroga del contrato de explotación hasta 2008. Una de las razones de la huelga que acaba de declarar la USO es la protesta contra la prolongación de los privilegios a la OXY, cuando justamente la reversión podría contribuir a fortalecer a Ecopetrol, ahora que comienza a extinguirse la autosuficiencia petrolera. ¿Cuántos muertos colombianos costará la nueva y vergonzosa concesión a los intereses petroleros de la OXY, de la cual, se dice, mister Chenney, vicepresidente de EEUU, es socio?