Con máximo sigilo, sin espectacularidad y a fuego lento, se está cocinando una aproximación entre el Gobierno Nacional y las Farc para poner fin al drama de los políticos y los miembros de la Fuerza Pública secuestrados por el grupo guerrillero.

Este acuerdo está andando después de largos meses de enredo de palabras y de confusiones jurídicas. Tanto las Farc como el Gobierno empezaron a examinar la propuesta de la Comisión de Conciliación Nacional, que busca una solución salomónica a la libertad de las personas plagiadas por este grupo insurgente y de los miembros de esta organización ilegal presos.

El pacto, que se denominaría “acuerdo de voluntades”, es producto de varias reuniones entre las Farc y los voceros de la Comisión Facilitadora de la Iglesia para la construcción de un acuerdo humanitario, ente creado por la Comisión de Conciliación Nacional.

De la primera hacen parte el obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, y el padre Darío Echeverri González, quienes desde el gobierno del presidente Andrés Pastrana han estado buscando una salida política para la liberación de 59 miembros de la Fuerza Pública, dos menores de edad, 10 dirigentes políticos nacionales y los 12 ex diputados del Valle del Cauca.

La primera reunión entre los voceros de la Iglesia Católica y las Farc se realizó el 5 de octubre de 2003. Ese día, monseñor Castro y el padre Echeverri hablaron con Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez y Martín Sombra, sobre la posibilidad de aplicar un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados y los insurgentes detenidos.

Iglesia e insurgencia venían de experimentar conversaciones y de empezar a construir confianzas, desde los diálogos de paz en la antigua zona de distensión que se acabaron en 2002.

Un segundo encuentro de la Comisión Facilitadora y la guerrilla, sobre el mismo tema, se hizo el 27 de diciembre pasado. Pero en él, las Farc cambiaron a casi todos sus voceros. Además de Reyes, del secretariado, estuvieron los miembros del estado mayor Ricardo y Camilo, quienes no figuran en el organigrama de esta guerrilla.

Una tercera reunión se realizó aproximadamente hace 20 días. En ella, la Comisión Facilitadora de la Iglesia presentó a las Farc el borrador que en estos momentos está en discusión de las partes. Se desconoce si intervinieron los anteriores voceros.

El documento, elaborado el 9 de enero pasado, que también le fue entregado al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, es a la vez producto de cinco borradores que fueron presentados por la Comisión Facilitadora. Según fuentes cercanas a este proceso de acercamiento y que omitieron su nombre, la mayoría de puntos presentados en el “preacuerdo especial” han sido revisados minuciosamente por el Gobierno y las Farc. Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz se abstuvo de pronunciarse.

El texto no contiene los términos “intercambio humanitario” ni “acuerdo humanitario” en los que las partes se habían enfrascado. A cambio, se habla de “acuerdo de voluntades” con propósitos humanitarios.

El documento de siete puntos prevé la liberación, casi simultánea, de algunos miembros de las Farc detenidos por el Estado y de los militares y políticos en poder del grupo guerrillero. Esta determinación está condicionada, por parte del Gobierno, a que los insurgentes que salgan de las cárceles firmen un compromiso de respetar las leyes y de no “volver a delinquir”. De hecho, según las fuentes, Raúl Reyes no se opuso a la firma del compromiso, siempre y cuando se les brinden las garantías requeridas.

Es por eso que Reyes introdujo uno de los apartes del documento presentado por la Iglesia: “A través de una Comisión, integrada, por ejemplo, por un representante de la Iglesia, un representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía y del Inpec, se verificará con cada uno de los integrantes de la lista de las Farc-Ep, su disponibilidad frente al intercambio, su deseo de acceder a una reinserción o a otro programa específico, su disponibilidad para firmar un compromiso en el que se definan algunas obligaciones relacionadas con el respeto de las leyes; sus expectativas de ubicación nacional o internacional”.

Sobre este último aspecto, tres fuentes consultadas por El Espectador –una ellas diplomática– coincidieron en que entre 40 y 60 serían los subversivos que podrían salir de las cárceles de concretarse el acuerdo. Sin embargo, al parecer varios de éstos no lo firmarían, porque están a punto de cumplir sus penas.

Los otros liberados

A la par, en el documento del preacuerdo se advierte que además de la revisión del listado de políticos y militares en poder de las Farc, se debe clarificar la presencia de los hijos de Jaime Losada (Jaime Felipe y Juan Sebastián, secuestrados en el edificio Miraflores de Neiva), Ramiro Carranza –hermano de la desaparecido poetisa María Mercedes Carranza–, y del agente de Policía Heliodoro Lozano.

Para la liberación simultánea de secuestrados y presos, el texto del preacuerdo descarta el despeje de los departamentos del Caquetá y Putumayo, propuesto por las Farc. “La propuesta no hace referencia a ‘despejes’ o ‘zonas desmilitarizadas’”.

Las partes también estarían de acuerdo con una “inmovilización de operativos militares”. De todas maneras, esa fue la propuesta presentada por la Comisión y la que, de acuerdo con las fuentes, podría ser aceptada.