Monseñor José Luis Serna, que fue obispo de la diócesis de los municipios de Honda y Líbano durante 13 años y ayudó a la liberación de personas secuestradas por grupos guerrilleros fue llamado el viernes pasado a rendir indagatoria.

El obispo fue acusado ante la Fiscalía junto con el alcalde de Villahermosa, Jesús Antonio Giraldo, por José Alexánder Daza, ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (Eln), de ser los ``encargados de recolectar las finanzas rebeldes'', según fragmentos de su declaración judicial, según El Espectador este domingo.

“Me han comentado que una guerrillera reinsertada está hablando de más para conseguir beneficios que no le corresponden”, dijo el sacerdote al cuestionársele sobre los móviles de la investigación penal.

El obispo Serna reconoció que ha ``buscado la liberación de secuestrados para aliviar la situación de la persona y de sus familiares'', pero señaló que sus gestiones fueron ``transparentes y exclusivamente humanitarias y que tienen que ver con su condición de sacerdote''.

El gobernador del Departamento del Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumió la defensa del Alcalde de Villahermosa, del obispo y de los demás funcionarios y ex funcionarios municipales y dijo que los ex guerrilleros acusadores son testigos poco fiables, pues tienen a sus espaldas acusaciones por varios delitos.

``Los reinsertados se están convirtiendo en unos botafuegos, a través de sus declaraciones, vinculando a todo el mundo (con la guerrilla) como si aquí en el Tolima todos fueran partidarios o colaboradores de esos grupos alzados en armas, sean guerrilla o autodefensas'', dijo Jaramillo a Radionet.

La política de reinserción se ha convertido en una de las herramientas fundamentales del gobierno del presidente Álvaro Uribe en la lucha contra la guerrilla y los grupos paramilitares.

Este año alrededor de 645 guerrilleros y algunos pocos paramilitares han desertado para acogerse al programa de reinserción que les permite recibir ayuda económica y educativa para reincorporarse a la vida civil, según estadísticas del Ministerio de Defensa.

Muchos de ellos están cooperando con información sobre los movimientos de la guerrilla y algunos, como en el caso del obispo y el alcalde, han formulado denuncias concretas ante la Fiscalía que son ahora piezas de un proceso judicial.