En medio de escenas de dolor y peticiones para que los otros secuestrados por las FARC no corran la misma suerte, los 11 ex diputados que murieron mientras eran rehenes de esa guerrilla fueron enterrados ayer en Cali.

Familiares de los políticos entregaron un “cirio de la esperanza” a las madres de las también secuestradas Ingrid Betancourt y Clara Rojas, que permanecen cautivas, en una misa en la iglesia San Francisco de esa ciudad.

Yolanda Pulecio, madre Betancourt -raptada en febrero del 2002- señaló emocionada que espera que el gesto “sirva para que en Colombia se acabe esta guerra”. Betancourt y Rojas hacen parte, junto a tres estadounidenses y decenas de policías y militares colombianos, del grupo de 45 rehenes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) proponen canjear por 500 rebeldes presos.

“No estábamos preparados para el secuestro. Esperamos cinco años para que regresaran vivos y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo para perdonar y olvidar”, dijo Ángela Giraldo, hermana del ex diputado Francisco Giraldo, quien consideró que no es el odio el camino de la paz.

Las ceremonias debieron realizarse con los féretros sellados por orden de la Comisón Forense Internacional, que adujo razones de sanidad. La imposibilidad de ver los restos generó molestia entre algunos dolientes.

Los 11 ex legisladores, que también hacían parte del grupo de canjeables, murieron el 18 de junio, según los rebeldes, en el fuego cruzado con un grupo militar. Sin embargo, el Gobierno colombiano mantiene la acusación de que la guerrilla los asesinó.

Cinco de los fallecidos descansarán en cementerios de Cali y los demás serán llevados a Tuluá, Palmira y Cartago.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recuperó los cuerpos en una zona selvática de la costa Pacífica, en el suroeste de Colombia, y los trasladó el domingo en helicóptero hasta Cali.

Una comisión internacional de forenses que identificó los cadáveres y que emitirá un informe sobre la forma como murieron, entregó los cuerpos a las familias en la madrugada. Tras concluir los peritajes el coordinador de los forenses, James Young, indicó que su informe será entregado mañana al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Young puntualizó además que “contamos con la fortuna de disponer de varios métodos para identificación, como fichas dentales y se usaron las huellas dactilares en todos los casos”.

A pesar de que se obtuvo más información de la que se esperaba, muchas preguntas sobre las circunstancias de las muertes quedarán sin respuesta. “Murieron por múltiples heridas de bala”, concluyó Young.

Tenían impactos en las piernas, brazos, abdomen y pecho, y dos de los cuerpos presentaban disparos en la cabeza. Aún no se ha determinado si los múltiples disparos recibidos provenían de diferentes armas. Tampoco, la distancia desde la cual se disparó.

Las pesquisas para determinar las causas de las muertes corresponde a una segunda fase de la investigación, que está a cargo de las autoridades colombianas.

Por su parte, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo ayer que un equipo de especialistas será enviado al lugar donde el CICR encontró los cuerpos, con el objetivo de hacer una investigación más profunda.

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