El ex mandatario dijo que el drama de la pérdida de la libertad afecta a más de mil colombiano y no solo a los 63 que las Farc proponen en el 'canje'.

Turbay le pidió al presidente Álvaro Uribe que en los acercamientos que se realicen con la insurgencia para tocar el tema de los plagiados, se incluya a los secuestrados no políticos (extorsivos).

Algunos familiares le han pedido que medie para lograr su liberación.

De acuerdo con el ex mandatario, actualmente en el país hay 1.016 personas en poder de las Farc, por cuya liberación exigen un pago, que en promedio es de 100 millones de pesos por cada uno. A esto se suman los 63 secuestrados políticos en poder de esa agrupación.

La propuesta de Turbay plantea que se dé un intercambio entre plagiados y guerrilleros presos. Propone que por cada insurgente que recobre la libertad, las Farc liberen, sin ninguna contraprestación, a 10 secuestrados que mantiene con fines extorsivos y a uno político.

Además, pide que de lograrse una mesa de diálogo con la guerrilla, debe haber representación de los plagiados no políticos.

Según la Fundación País Libre, basada en datos del Fondo Nacional Para la Defensa de la Libertad Personal, entre enero del 2000 y junio del presente año, se reportaron en el país 7.405 secuestros.
Las cifras incluyen datos de plagios cometidos por todos los grupos irregulares y delincuencia común.

Para darle todavía mayor sustento a su propuesta, en la tarde, Turbay le envió una carta al Presidente en la que le dice: “En el caso colombiano no se puede señalar con precisión un triunfador y es por lo tanto difícil obtener la libertad de los secuestrados por un procedimiento diferente al de un acuerdo de voluntades, que puede lograrse en condiciones que sin deteriorar el orden público, se obtenga el inmediato rescate de las víctimas inocentes del conflicto…”.

En la misiva le agrega que “No existen dudas sobre que el Gobierno es la legitimidad, pero desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario, la legitimidad no ofrece ninguna circunstancia a su favor. El acuerdo es un recurso para situaciones como las que ofrece el caso colombiano, en el que las fuerzas confrontadas llevan más de cuarenta años en busca de una definición militar, que todavía no se ha logrado”.