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La norma establece que las empresas privadas o estatales tienen la obligación de pagar los salarios de sus empleados secuestrados a las familias y que los colegios y universidades deben abrir créditos en condiciones favorables a sus hijos.
"Es un gran paso, es un gesto de solidaridad del gobierno y del Congreso de Colombia para con los secuestrados," dijo Juan Carlos Lecompte, esposo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC desde febrero del 2002.
Según la ley de protección a víctimas del secuestro quienes lo sufran quedarán eximidos del pago de sus obligaciones financieras y tributarias durante el tiempo que permanezcan privados de la libertad.
Para acceder a los beneficios, las familias de los secuestrados deberán obtener una certificación de una autoridad en la que se acredite esa condición.
Después de que la persona recupere la libertad tendrá un plazo de hasta un año para retomar el pago de sus deudas y durante ese período podrá acordar planes de refinanciación con sus acreedores.
Colombia es considerada la capital mundial del secuestro.
En el 2004 se reportaron más de 700 plagios extorsivos, la mayoría atribuida a la guerrilla izquierdista que ha hecho de ese delito su segunda fuente de financiamiento después del narcotráfico.
Las autoridades colombianas dicen que cientos de personas permanecen actualmente secuestradas.
Algunas de los plagiados, como un grupo de efectivos del ejército y de la policía en poder de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llevan hasta siete años privados de la libertad en medio de la selva.