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Es la primera vez que el gobierno del presidente Alvaro Uribe ofrece la suspensión de operaciones militares sobre una zona determinada del territorio colombiano para facilitar un acercamiento de paz con la guerrilla.
La oferta forma parte de los esfuerzos de Uribe por lograr un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen secuestrados a varios políticos, a tres estadounidenses y a varios efectivos de las fuerzas armadas.
La propuesta, además de ofrecer una escuela en una zona montañosa como sitio de encuentro y la suspensión de operaciones militares, incluye salvoconductos para los negociadores de la guerrilla, la suspensión de las órdenes de captura y el acompañamiento de garantes nacionales e internacionales.
"El gobierno nacional propone una reunión entre los delegados del gobierno y los delegados dispuestos por las FARC, en la escuela del corregimiento Bolo Azul, jurisdicción del municipio de Pradera, Valle del Cauca, para el desarrollo de las conversaciones por un período máximo de 10 días," dijo el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo.
"Durante el tiempo previsto para la reunión, no se adelantarán acciones militares ni policiales por parte de la fuerza pública sobre el sitio de encuentro," precisó.
El gobierno se declaró a la espera de un gesto de buena voluntad de las FARC que permita iniciar de inmediato la negociación del denominado acuerdo humanitario.
FARC MANTIENEN POSICION INMODIFICABLE
Aunque de inmediato no se conoció una respuesta de las FARC, esa guerrilla insistió el fin de semana en la necesidad de que el gobierno retire sus fuerzas de dos pueblos del suroeste del país, al menos durante 30 días, como condición para una reunión con sus delegados e iniciar la negociación del acuerdo.
Las FARC, que dicen luchar por imponer un sistema socialista en este país de 44 millones de habitantes, buscan un acuerdo con el gobierno para liberar a un grupo de rehenes que denomina "canjeables" a cambio de la excarcelación de miles de sus combatientes confinados en prisiones estatales.
Entre el grupo de rehenes que las FARC pretenden intercambiar figuran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses, un ex ministro, un ex gobernador, cinco ex congresistas, 12 ex diputados regionales y varios efectivos de las fuerzas militares.
Algunos de los rehenes llevan hasta siete años como prisioneros de la guerrilla en medio de las selvas.
La nueva propuesta del gobierno se produce en medio de un cruce de mensajes entre las dos partes sobre el acuerdo humanitario que ha despertado interés internacional, principalmente en Europa, debido a que Betancourt tiene la nacionalidad francesa, además de la colombiana.
Pero el acuerdo se ve aún lejano debido a la posición inmodificable de la guerrilla para que el gobierno retire sus fuerzas armadas de una extensa zona del suroeste del país.
Además, Uribe, un abogado de 53 años, advirtió que los guerrilleros que eventualmente sean liberados no deben regresar a la lucha armada, exigencia que rechazan las FARC.
Aunque en Colombia miles de personas permanecen secuestradas, el acuerdo sólo buscaría la libertad de los rehenes que la guerrilla denomina "canjeables."
Las FARC hicieron del secuestro su segunda fuente de financiación después del narcotráfico, en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas, según fuentes de seguridad