La iniciativa “Acción contra el Hambre y la Pobreza” vuelve a situar la lucha contra este flagelo en la agenda política internacional. Esta iniciativa busca tomar medidas y crear fuentes de financiación, como el impuesto sobre movimientos de capital o sobre el comercio de armas, para erradicar la pobreza y el hambre en 2015. Para cumplir con estos objetivos, se estima que son necesarios 50.000 millones de dólares cada año.

Lo urgente es que 1.110 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza y 840 millones de personas sufren desnutrición. En un mundo globalizado, con excedentes alimentarios subvencionados y cremados en el norte, una persona muere de hambre cada 4 segundos en el sur. Aún así, la principal causa del hambre en 2004 ha sido la violencia. El hambre es hoy un arma de destrucción masiva.

Colombia no es ajena a este panorama. Y vamos a ver qué dice el presidente Álvaro Uribe en su intervención en la Asamblea el miércoles. En un mismo noticiero encontramos escenas de familias que alimentan a sus hijos con papel periódico, seguidas de reportajes sobre bloqueos alimentarios de grupos armados, acompañando noticias que nos alertan sobre las altas tasas de obesidad infantil en el norte de Bogotá.

En Colombia encontramos índices demasiado elevados de desnutrición crónica, aquella que mide el crecimiento del niño respecto a su edad y que compromete su desarrollo intelectual. La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), del año 2000, estima que un 14 por ciento de los niños menores de 5 años sufren retardo en el crecimiento.

Trasladando estos estudios a los estratos más bajos, encontramos poderosos argumentos para sostener que en Colombia hay hambre, un hambre selectiva y miserable: recientemente este periódico recogía que 600.000 bogotanos padecen algún tipo de malnutrición, se señala que en las zonas rurales el grado de desnutrición es mayor y podemos aseverar que la población infantil desplazada es la más afectada por carencias alimentarias.

En los programas que desarrolla Acción Contra el Hambre (ACH) en la Costa Atlántica, encontramos tasas de hasta el 46% de desnutrición crónica global entre la población infantil más vulnerable. En Puerto Asís, una encuesta reveló que el 51 por ciento de los niños padece anemia y falta de hierro –esencial para el desarrollo intelectual–, como ocurre en varios países de América Latina.

Estos trastornos nutricionales no sólo reflejan claramente una situación de inseguridad alimentaria en los estratos más desfavorecidos de Colombia, sino que constituyen también una enorme hipoteca para el desarrollo de la población infantil y de la sociedad. Conflicto e inequidad marcan el mapa del hambre tanto en Colombia como en el mundo. Pero el hambre no es una fatalidad irreversible, sino que obedece a causas y engendra consecuencias que se pueden combatir. Experiencias de organizaciones internacionales han demostrado su eficacia cuando se trata de proyectos adaptados y concretos para revertir las causas subyacentes a la malnutrición. En Colombia, el ICBF adelanta esfuerzos valiosos, aunque insuficientes, en la lucha contra la desnutrición.

Esperemos que la Cumbre de Nueva York haya marcado la hora de impulsar esta gran batalla contra el hambre, que debe ir acompañada de la voluntad efectiva de la comunidad internacional para, cuanto menos, dejar de hacer políticas que generen pobreza. Como se subrayaba en la Cumbre, “cualquier esfuerzo es pequeño si se compara con los beneficios: un mundo más justo y seguro”.