El proceso para concretar un canje humanitario y facilitar la liberación de los secuestrados en manos de la insurgencia colombiana tomará meses, lo que hace improbable un acuerdo este año, afirmó el politólogo Fernando Giraldo.

En entrevista con Notimex, el analista sostuvo que las nuevas exigencias planteadas por el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y por la guerrilla, así como la logística que implicaría el canje, hacen imposible un intercambio en el corto plazo.

"La guerrilla pide un despeje militar por 45 días, pero es claro que la liberación de los secuestrados podría tomar meses", dijo el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.

Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tienen en su poder a 38 militares, 21 políticos y tres estadunidenses, exigieron el retiro del ejército de los poblados de Pradera y Florida como condición para negociar el intercambio.

Con la retención del grupo de rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, las rebeldes FARC buscan presionar su intercambio por unos 500 guerrilleros presos acusados de diversos delitos.

El experto en resolución de conflictos armados, León Valencia, consideró por su parte que la seguridad del sitio de diálogo sigue siendo el tema "más espinoso" y estimó que si las partes mantienen sus posturas sin transigir sería difícil un canje.

Recordó que las FARC exigen, además del despeje y de la presencia de garantes internacionales, que el cuidado de su comisión de negociadores esté a cargo de rebeldes armados a lo que se opone el gobierno colombiano.

El presidente Uribe Vélez advirtió el pasado martes que no permitirá la presencia de rebeldes armados en la zona de diálogo, ni que los insurgentes excarcelados regresen a la actividad irregular.

Según Valencia, "estos dos puntos expresan con entera claridad la gran desconfianza que existe entre las partes", lo que ha impedido un avance rápido en el intercambio humanitario.

Los familiares de los secuestrados mantienen una constante presión hacia las partes para que avancen en una negociación que permita la liberación de los plagiados, quienes llevan años en poder de la guerrilla.

Valencia manifestó que si se quiere superar el círculo vicioso en que se ha movido el canje en los últimos meses, tanto el Ejecutivo como la guerrilla colombiana deberán variar de posición.

El director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, quien actúa como facilitador en el proceso, aseguró a su vez que las gestiones para la liberación de los secuestrados atraviesan momentos difíciles.

Según Lozano, el gobierno del presidente Uribe Vélez "ha sido muy ambiguo frente al tema", porque hace una semana "estaba prácticamente autorizado el despeje y después complicó el asunto".

Conscientes de que el tema podría entrar en el congelador, familiares de los plagiados instalaron el viernes un gigantesco anuncio en la fachada del edificio de la Alcaldía de Bogotá para presionar el canje.

La pancarta, con los retratos de los políticos y militares en cautiverio, estará en el sitio hasta que sean liberados los secuestrados, varios de los cuales permanecen en la selva desde hace siete años.