Activistas de derechos humanos de Colombia instaron este lunes en Washington al Gobierno de E.U. a que retire su apoyo a la Ley de Justicia y Paz porque, a su juicio, sólo promueve la impunidad de los paramilitares en ese país.

Tres activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado acudirán esta semana al Congreso y al Departamento de Estado para denunciar esa ley, promulgada este año por el presidente colombiano Alvaro Uribe para la desmovilización de miles de integrantes de grupos armados ilegales.

Es la primera visita a Estados Unidos que realizan como miembros del Movimiento, formado este año e integrado por 230 organizaciones sindicales, de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en Colombia. "Queremos sensibilizar a la comunidad internacional sobre la realidad en Colombia. Esta Ley... dejará en la impunidad los crímenes cometidos...fortalece el paramilitarismo, y fue gestada a espaldas de las víctimas", explicó a los periodistas Milliret Moncada, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES).

"Queremos que se respete nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación", dijo Moncada, cuyo padre, Humberto, permanece desaparecido desde el 6 de junio de 1983.

Por su parte, Luis Javier Correa, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SinaltrainalI), condenó a las autodefensas como "una acción encubierta del Estado" que, en su opinión, sólo busca proteger a las trasnacionales extranjeras que operan en Colombia.

Según Correa, se trata de una "ley de perdón y olvido" que legaliza las estructuras paramilitares y allana el camino hacia la "ultraderechización" de su país.

Agregó que la reparación "integral" para las víctimas debe abordar asuntos relacionados con la distribución de la tierra, la distribución de la riqueza y un acuerdo de paz duradera.

Marleny Orjuela, de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, enfatizó que el Movimiento no se inclina ni por la guerrilla ni por los paramilitares sino que exige castigo para los responsables de violaciones de los derechos humanos.

"Cuando uno exige el respeto a los derechos humanos ya es tildado de guerrillero", apuntó Orjuela, al lamentar que las negociaciones para un acuerdo humanitario estén en un "punto muerto".

La gira de los tres activistas, auspiciada por el "Latin American Working Group", se produce un día después de que los "Archivos Nacionales de Seguridad", un proyecto de la Universidad George Washington, divulgase documentos desclasificados sobre los vínculos entre miembros de las fuerzas de seguridad y las Auc en Colombia.

Los documentos, que citan a oficiales colombianos de alto rango, describen las presiones "institucionales" que alentaron la colaboración con los "paras", desde la "aquiescencia tácita" hasta la participación directa.

"Lo nuevo es que lo estén diciendo documentos del Gobierno de EEUU, en los que se describen los ataques paramilitares en La Gabarra y Tibú, en 1999. No es que haya habido una política de colaboración pero sí una cultura institucional" para permitir las actividades paramilitares, dijo a EFE Michael Evans, analista de los Archivos Nacionales.

"Con este proyecto lo que queremos es identificar, adquirir y diseminar documentos en Colombia que nutran el debate político, en un país donde mucha de esta información es suprimida", agregó.

La visita de los activistas del Movimiento también sucede en momentos en que ambas cámaras del Congreso de E.U. tienen previsto armonizar, en un solo proyecto de ley, sus respectivos presupuestos para las operaciones en el exterior para el año fiscal 2006, que incluyen ayuda estadounidense para Colombia.

La versión final del proyecto de ley determinará el rumbo futuro del "Plan Colombia" contra el "narcoterrorismo", al que E.U. aportaron alrededor de 3.300 millones de dólares desde 2000.

La medida establece las condiciones, monto y tipo de ayuda que otorga Estados Unidos al Gobierno de Bogotá. En esta ocasión, la versión del Senado limita la ayuda militar e incrementa la asistencia para proyectos de desarrollo, además de imponer restricciones al uso de fondos para la fumigación de cultivos ilícitos.