Álvaro Uribe, presidente de la República de Colombia, se presenta como el inflexible gobernante que ha hecho retroceder a la guerrilla y recuperado parte del país. Cierto, pero sólo en parte y con trastienda oculta. Haber hecho retroceder a las FARC a Urabá, la frontera con Venezuela, Caquetá y Putumayo ha permitido a los ciudadanos recuperar zonas sin temores. Pero no es oro todo lo que reluce.

Cuando Uribe accedió a la presidencia, el 60% de los 40 millones de colombianos vivían en la pobreza y el país estaba en precario a causa del conflicto bélico que destruye Colombia desde hace cuatro décadas. Entonces, el presidente del Centro de Investigación para la Paz, Mariano Aguirre, escribió que “con la llegada al poder de Uribe se abren en Colombia dos posibilidades para acabar con la violencia: la reforma amplia de las instituciones para reconstruir el Estado o sólo reformar el sistema de seguridad para derrotar a la guerrilla. La segunda opción incluiría a Colombia en la ‘guerra contra el terrorismo’ de Bush y agudizaría un conflicto que no se resuelve con la fuerza.”

“Uribe no prometió la mejora económica, sino devolver la seguridad a los colombianos y lo está cumpliendo”, dicen en el entorno del presidente. Pero no es cierto.

El retroceso de las FARC a la selva no significa su desarticulación ni su desarme ni su debilitamiento. Están en otro lugar, pero están. Y la pírrica victoria contra la guerrilla se ha logrado pagando el alto precio del atropello generalizado de derechos humanos (por guerrilla, paramilitares, Ejército y policía) y de la militarización del país, como ha denunciado Amnistía Internacional.

Seguridad es la cualidad de seguro que, a su vez, significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. ¿De qué peligros, daños o riesgos están exentos los campesinos sospechosos de simpatizar con guerrilla o paramilitares y represaliados en zonas con proximidad guerrillera? ¿De qué peligros están exentos sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, denunciados como subversivos por el Gobierno y el Ejército, amenazados, perseguidos, detenidos, torturados, “desaparecidos” o asesinados?

Amnistía Internacional sigue recibiendo información que indica una práctica generalizada de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y sus aliados paramilitares, dice un informe dirigido a la ONU en noviembre del año pasado. Otro de abril de 2004 insiste en que hay información fidedigna que indica que las fuerzas armadas del departamento de Arauca están directamente implicadas en homicidios, torturas y "desapariciones". En otro momento denuncia que La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y la inseguridad en sus municipios. De hecho, en algunos municipios aumentaron las actividades de la guerrilla, con el resultado de aumento de bajas civiles. También hubo un fuerte incremento de detenciones arbitrarias, que afectó principalmente a los defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos y sindicalistas.

Como temía el presidente del Centro de Investigación para la Paz hace dos años, Uribe eligió mal. Optó por reforzar el sistema de seguridad y, además, por una seguridad limitada y estrecha que no garantiza a todos los ciudadanos que vivan libres y exentos de peligro, daño o riesgo. Mientras Uribe dirige sus esfuerzos contra la guerrilla, los paramilitares crecen, atropellan y actúan con impunidad. “Hay un encumbramiento de los paramilitares en siete departamentos de Caribe y Pacífico. Vamos a la paramilitarización de Colombia”, ha denunciado el periodista Álvaro Sierra.

La seguridad no puede ser un término retórico para televisión o mítines políticos. No puede ser un objetivo limitado sino un objetivo real y total. La seguridad es para todos y no se puede combatir un terror con otro terror. ¿Cuándo comprenderán los que tienen poder que seguridad verdadera es el imperio de los derechos humanos?