Temiendo las represalias, los habitantes del estado sureño de Sucre apenas susurraban las historias de oscuras alianzas entre políticos colombianos y escuadrones paramilitares de la muerte.

A cambio del apoyo por parte de las milicias ilegales, dijeron, todo mundo, desde integrantes del Congreso hasta alcaldes de municipios, colaboraron con los paramilitares: sicarios uniformados que masacraron civiles, traficaron cocaína y robaron fondos gubernamentales.

Sin embargo, ahora que más de 30,000 de los milicianos fueron desarmados bajo una iniciativa de paz del gobierno, finalmente están saliendo a la luz los relatos de algunos ex combatientes y sus víctimas, así como documentos que los incriminan. Debido a esto, la Corte Suprema de Colombia ha dado el paso sin precedente de emitir órdenes de aprehensión para tres integrantes del Congreso nacional de Sucre, alegando que ellos ayudaron a financiar, organizar y armar a las milicias.

El escándalo, que avanza a grandes pasos y también alcanzó a un ex gobernador, a una ex congresista y al ex jefe del equivalente del FBI de este país, ha sacudido a Colombia y ha golpeado la reputación del presidente Alvaro Uribe, el aliado más cercano de Washington en América Latina.

Los legisladores acusados no solamente pertenecen a partidos políticos afines a Uribe, sino que contribuyeron a reunir los votos para la contundente victoria del mandatario, en mayo. El escándalo en Sucre pudiera ser apenas la punta de la pirámide, debido a que se cree que políticos a lo largo de todo el país han trabajado muy estrechamente con los paramilitares.

''Vamos a revelar quién participó, quien recaudó dinero y quién estuvo involucrado'', aseguró esta semana Rodrigo Tovar, comandante paramilitar que está encarcelado. Aproximadamente 58 comandantes han sido encerrados. ``Nosotros debemos hablar acerca de todo''.

Los legisladores a quienes la Corte Suprema apuntó con cargos emitidos la semana pasada incluyen al senador Alvaro García, veterano jefe político en Sucre, quien fue acusado de ayudar en la planificación de la matanza de 15 personas a manos de paramilitares en el remoto caserío de Macayepo, en el 2000.

El diputado Erik Morris enfrenta acusaciones relacionadas con haber organizado y financiado a las milicias, al tiempo que el senador Jairo Merlano presuntamente formó parte de la unidad principal de paramilitares en Sucre, la cual era encabezada por un sanguinario comandante, conocido meramente como Chaín.

El miércoles de esta semana, Jorge Noguera, el ex director de la policía investigadora de Colombia -- equivalente del FBI --, fue acusado por la dependencia gubernamental de vigilancia de cooperar con los paramilitares, en tanto que Muriel Benito Rebollo, ex integrante del Congreso de Sucre, se entregó a la policía para enfrentar cargos similares.

Las autoridades colombianas han detenido a cuatro legisladores estatales, al tiempo que el gobierno de Uribe ordenó el regreso de su embajador en Chile, Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, quien está bajo investigación por alegatos en el sentido de que trabajó con las milicias.

''Por largo tiempo, todos sabían que ellos [los políticos] estaban involucrados'', aseguró Juan David Díaz, médico en Sincelejo, la capital de Sucre. ``Pero a la gente le daba miedo hablar''.

Y por buenas razones.

Una de las pocas personas en Sucre que habló en público fue el padre de Díaz, Tito. Alcalde de un pequeño poblado, Tito Díaz se puso de pie en dos reuniones con Uribe en el 2003, para luego alegar que grupos paramilitares lo estaban presionando para que entregara una parte del presupuesto municipal. Aseguró que docenas de políticos de Sucre, incluidos los integrantes del Congreso que actualmente enfrentan acusaciones, estaban colaborando con las milicias.

Cuatro meses después, Tito Díaz fue secuestrado y asesinado por las milicias.

''Mi padre reveló todo esto hace tres años'', comentó Díaz. ``Pero el gobierno siguió mostrando indiferencia''.

Los escuadrones paramilitares fueron creados y financiados en los años 80 por terratenientes y narcotraficantes para combatir a los grupos de guerrilleros marxistas del país. Trabajando a veces en colusión con las fuerzas armadas de Colombia, solían dirigir sus ataques en contra de partidarios civiles de los rebeldes. A menudo mataban a personas inocentes, y su organización fue incluida por el Departamento de Estado como un grupo terrorista.

Sucre, apartada región de ranchos ganaderos y granjas tabacaleras en la costa del Caribe y una de las principales rutas del narcotráfico, fue una de las áreas de Colombia golpeadas duramente por la violencia paramilitar. Antropólogos forenses han desenterrado una amplia variedad de tumbas colectivas en el estado, las cuales contienen los restos de más de 100 personas asesinadas por las milicias.

Pero, en fechas más recientes, los sicarios se centraron en el tráfico de cocaína, extorsionando a propietarios de establecimientos comerciales y robando tierra.

''Aquí nunca hubo guerrilleros'', aseguró Hermes Verbel, cuyo hermano, Guillermo, fue asesinado por paramilitares en Sucre el año pasado. ``Ellos venían a robar nuestro ganado y traficar drogas''.

Sobre la marcha, los paramilitares amenazaban, cooptaban y sobornaban a alcaldes, gobernadores y legisladores para que entregaran recursos gubernamentales y se hicieran de la vista gorda con respecto a sus delitos.

Un flagrante ejemplo de lo anterior fue revelado en la grabación secreta de una reunión efectuada entre líderes de milicias y funcionarios de Sucre, previamente en este año. Extractos de dicha grabación, que está en manos de las autoridades colombianas, fueron publicados esta semana por la revista noticiosa Semana, en Bogotá.

En un punto dado de la reunión, un candidato al Congreso que buscaba el respaldo del cabecilla paramilitar de la localidad le dice: ``Yo he tenido el respaldo de la organización, y no puedo olvidarlo. Le debo a usted mi agradecimiento y lealtad''.

Debido a que los sucesos en Sucre incluyen matanzas y otras violaciones a los derechos humanos, el Procurador General de Colombia, Mario Iguarán, dijo que el escándalo era incluso peor que el infame caso de 1994 en el cual decenas de políticos colombianos, incluido el entonces presidente Ernesto Samper, aceptaron millones de dólares del Cartel de Cali.

Prometiendo estremecedoras revelaciones en los venideros juicios contra los líderes de las milicias, Diego Vecino, encarcelado comandante paramilitar de Sucre, declaró: ``Nosotros vamos a decir toda la verdad. Pero más vale que Colombia esté preparada''.

A diferencia de Samper, quien estuvo a punto de ser acusado de conducta indebida, Uribe no ha sido vinculado directamente con el escándalo de Sucre. William Wood, embajador de Estados Unidos, destacó que el impulso de Uribe con miras a desmovilizar a los paramilitares es la razón principal de que finalmente se esté divulgando tanta evidencia que incrimina a dichas personas.

De cualquier forma, Uribe ha sido blanco de críticas por aceptar el respaldo de políticos que tienen nexos con paramilitares y por no haber denunciado a los tres miembros del Congreso actualmente acusados.

''El silencio del presidente nos ha consternado'', dijo el senador Gustavo Petro, franco detractor de las milicias. Asimismo, hizo un llamado a Uribe para que explique ``por qué movimientos políticos que lo apoyan en muchas regiones del país están encabezados por terroristas''.

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