Seis policías colombianos cumplen este miércoles ocho años secuestrados por las FARC, un aniversario que coincide con el alejamiento del gobierno y la guerrilla para negociar su canje y el de otros 52 rehenes por rebeldes presos.

Los uniformados -tres oficiales y tres suboficiales- fueron retenidos el 1 de noviembre de 1998 durante un ataque insurgente a la localidad de Mitú, capital del departamento de Vaupés, en la frontera sur con Brasil.

En la acción murieron 22 policías y militares y ocho civiles, mientras que 61 uniformados fueron secuestrados, de los cuales 54 recobraron la libertad en junio de 2001 mediante un acuerdo humanitario por el cual las FARC liberaron a 242 miembros de la fuerza pública.

Otra Navidad sin los secuestrados

Silvio cree que sólo un milagro le devolverá a su hijo, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace ocho años. Lo piensa desde el pasado 20 de octubre, cuando, en una dura reacción a la explosión de un coche bomba supuestamente colocado por las FARC en un complejo militar de Bogotá, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe dio marcha atrás en su intención de facilitar un acuerdo humanitario con esta guerrilla y dio la orden de rescatar a las 55 personas que la poderosa organización mantiene como rehenes para poder canjearlas por sus combatientes en prisión.

El hijo de Silvio es policía y uno de los llamados canjeables. Durante los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla de los últimos meses, llegó a soñar con ver a su hijo antes de terminar el año.

Por eso, él y su esposa, Magdalena, se sienten dolidos y engañados con el viraje abrupto y drástico del presidente Uribe. Y, a pesar de todo, “Dios me va a permitir tener de nuevo a mi hijo”, dice en medio de su desesperación.

El pasado jueves, en un atardecer lluvioso, subió con una antorcha a Monserrate, uno de los cerros que rodean Bogotá, y allí, junto a otros familiares de secuestrados, hizo una rogativa al Cristo milagroso patrón de la parroquia en la montaña.

Magdalena no pudo asistir. “Con este dolor, se le vienen a uno encima todas las enfermedades”, explica. Hace dos años que Magdalena se ve obligada a andar apoyada en un bastón; pasa la mayor parte del tiempo en su casa, en un barrio popular de la capital. En un cuaderno lleva la cuenta de los días de cautiverio de su único hijo varón. “Así sé el dolor que guardo”, explica.

La marcha de antorchas a Monserrate no ha sido la única protesta que han realizado estos días madres, padres, hijos y hermanos de los canjeables.

Como dice Yolanda Pulecio, madre de la que fuera candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, secuestrada hace casi cinco años, los manifestantes quieren “que el presidente sepa que nadie quiere la guerra”. Con una mueca de dolor, admite que ella también soñó con abrazar a Ingrid en Navidades: “Ya habíamos hablado con los hijos para que vinieran”. Ingrid tiene nacionalidad francesa y sus hijos viven en Francia.

Para las familias, la orden de rescate de los rehenes por la vía militar, emitida por Uribe al día siguiente del atentado, es sinónimo de muerte.

En Cali, donde las FARC secuestraron en abril de 2002 a 11 diputados, los participantes en una marcha llevaban bolsas de plástico negro en las que habían escrito “rescatado”. “No queremos que nos devuelvan bolsas con cadáveres”, alegan. El Gobierno ha ofrecido una suma millonaria para quien proporcione información sobre dónde esconden las FARC a sus cautivos.

Clara González, madre de Clara Rojas, secuestrada junto a Ingrid Betancourt, cree que se deben explorar caminos distintos al acuerdo humanitario. Piensa que el país entero, con ayuda de la comunidad internacional, debe pedir a los guerrilleros de las FARC que devuelvan a todos los secuestrados.

Hace dos años que esta mujer dejó su casa, en una población vecina a la capital, y vive en el apartamento de su hija. Pero desde el mismo día en que llegó a ese espacio pequeño y repleto de libros perdió la fuerza en los tendones de sus piernas. Ella tiene una explicación: “Me debió pasar por toda la fuerza interior que he tenido que mantener en estos largos años de espera”.

Hoy camina apoyada en un bastón. Así llegó, la semana pasada, a la protesta que todos los martes realizan los familiares de los canjeables en la céntrica plaza de Bolívar, frente al Congreso.

Para ella, la dureza de las palabras del presidente Uribe también supuso un jarro de agua fría. Con todo, trata de entender el porqué de este viraje: “Lo veo como una reacción humana de alguien que quiere mantener un principio de autoridad”, dice.

Los familiares no pierden la esperanza de ver pronto a sus hijos, que confían sigan todavía en cautiverio. Así lo cree Clara González, “por un presentimiento de madre”. Intenta convencerse a sí misma: “No será en esta Navidad, pero espero que sea la última Navidad sin ellos”.

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