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En el último mes, las autoridades judiciales han relacionado a al menos nueve congresistas pertenecientes a partidos progubernamentales con grupos paramilitares respaldados por el ejército. En las últimas décadas, los grupos paramilitares han sido responsables de algunas de las peores atrocidades cometidas contra los derechos humanos en Colombia, como la muerte de decenas de miles de civiles. Este escándalo político amenaza con debilitar aún más el Estado de derecho en Colombia.
El 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó a seis congresistas que respondieran a los cargos sobre su presunta relación con los paramilitares. El 9 de noviembre, el mismo tribunal había ordenado la detención de otros tres legisladores, Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erik Morris Taboada, por su presunta vinculación con los paramilitares y, en el caso de Álvaro García, por ordenar presuntamente la matanza cometida por los paramilitares en Macayepo, departamento de Bolívar, en 2000, que se saldó con 15 víctimas mortales.
Este escándalo es la última de numerosas revelaciones similares producidas en los últimos meses que confirman lo que denuncian desde hace tiempo Amnistía Internacional, la ONU y los grupos colombianos de derechos humanos y negaban sistemáticamente los sucesivos gobiernos colombianos, sobre la larga relación entre los paramilitares y funcionarios de las fuerzas de seguridad, los servicios de información, el poder legislativo, los gobiernos locales y las administraciones pública y judicial.
Las autoridades judiciales colombianas, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, conocen desde hace tiempo los estrechos vínculos que relacionan a funcionarios públicos –incluidos políticos nacionales y regionales– con los paramilitares, pero han adoptado pocas medidas concretas para investigar enérgica y efectivamente estas alegaciones. Al parecer, se han visto obligadas a actuar tras el descubrimiento de un ordenador que presuntamente pertenecía a Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", líder del grupo paramilitar Bloque Norte, que supuestamente contenía los nombres de varios funcionarios públicos vinculados a grupos paramilitares, entre ellos políticos, jueces y personal de las fuerzas de seguridad.
Es más importante que nunca realizar una investigación exhaustiva e imparcial, dado que desde el 2003 los grupos paramilitares participan en un proceso patrocinado por el gobierno encaminado a desmovilizar a sus combatientes. El gobierno ha informado de que ya han sido desmovilizados más de 30.000 paramilitares. No obstante, Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el hecho de que muchos de estos grupos siguen operando y continúan matando y amenazando a civiles, mientras el marco legal introducido para facilitar el proceso de "desmovilización" incumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y no incluye ninguna disposición para identificar y hacer comparecer ante la justicia a terceras partes, como miembros de las fuerzas de seguridad y políticos, que han apoyado a los paramilitares a lo largo de estos años, tanto logística como económicamente.
El alcance de la infiltración paramilitar en el aparato estatal colombiano
Recientes informaciones publicadas en la prensa indican que la Fiscalía General de la Nación está revisando más de 100 casos de presunta connivencia entre paramilitares y políticos, , miembros de las administraciones pública y judicial y de las fuerzas de seguridad. Según los informes, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la creación de una unidad especial para investigar los supuestos vínculos entre empleados públicos y grupos paramilitares. Varios líderes paramilitares han declarado que controlan alrededor de una tercera parte del Congreso nacional.
Políticos nacionales y regionales
Según informaciones publicadas en la prensa el 27 de noviembre y confirmadas por algunos de los legisladores presuntamente implicados, al menos nueve congresistas asistieron en el 2001 a una reunión con altos mandos paramilitares para hablar de la creación de un movimiento político respaldado por los paramilitares. Los informes dicen que los políticos presentes en la reunión firmaron un documento que apoyaba la creación de este movimiento, que se conocería como Movimiento Nacional Comunitario.
Los servicios de información
En noviembre, la Procuraduría General de la Nación acusó al ex director del Departamento de Administración de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, de estar relacionado con los paramilitares. Las acusaciones se basaban en las declaraciones realizadas por otro funcionario del DAS, Rafael García, a los medios de comunicación a principios de este año, según las cuales el DAS había facilitado al Bloque Norte una lista de 24 sindicalistas. Según los informes, varias personas incluidas en la lista fueron asesinadas, amenazadas o fueron objeto de actuaciones judiciales arbitrarias.
Las fuerzas de seguridad
El 22 de mayo, soldados del ejército mataron a 10 agentes de la policía judicial (DIJIN), junto con un informador de la policía y un civil, en Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación ha procesado a 15 miembros del ejército por su presunto papel en la matanza, que según los informes se cometió a instancias de narcotraficantes vinculados a los paramilitares. Los informes indican también que los investigadores judiciales del caso han sido objeto de amenazas.
Amnistía Internacional expresa su beneplácito por los esfuerzos, largo tiempo esperados, que están haciendo actualmente las autoridades judiciales para investigar estas graves alegaciones. La organización espera que estas investigaciones sean exhaustivas e imparciales, y que los responsables comparezcan ante la justicia. Los resultados de estas investigaciones deben hacerse públicos. Cualquier funcionario público, sea civil o militar, sometido a investigación formal por sus vínculos con los paramilitares o con cualquier otro grupo armado ilegal, debe ser suspendido inmediatamente de su cargo público hasta que concluyan las investigaciones.