Una "avalancha" de reacciones generaron las revelaciones del senador Miguel de la Espriella, luego de confesar que "muchísimos" congresistas asistieron en 2001 a una reunión secreta con jefes paramilitares, para firmar con ellos un compromiso de apoyo político.

De la Espriella no sólo confirmó la reunión en Santa Fe de Ralito, de un grupo de congresistas de la Costa Caribe, además de alcaldes y gobernadores de la época, sino que dijo estar dispuesto a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, si así se requiere, porque "jamás he participado en un acto delictivo", según dijo.

Insistió en que la reunión solo pretendía apoyar la iniciación de un proceso de paz con este grupo armado y pidió entender el actuar de los congresistas "en medio del contexto" en el que desarrollan la política, rodeado de paramilitares.

Se destapan
Tras de la Espriella, otros dirigentes y ex congresistas confirmaron la reunión y advirtieron que su asistencia no implica nexos con los grupos paramilitares.

El actual director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Luis Carlos Ordosgoitia, quien era congresista del Partido Conservador, aceptó que participó en la reunión y firmó el documento de apoyo político a las Auc, porque había recibido autorización del presidente Andrés Pastrana para tener contactos con el grupo armado.

Manifestó que Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Jorge 40 y alias 08, estaban en la reunión de Ralito, además de dos profesores de la Universidad de la Sorbona.

La ex representante Eleonora Pineda ya había aceptado haber asistido a la reunión y dijo que recuerda los nombres de otros invitados, pero dijo que no es el momento oportuno para revelarlos. Agregó que conocía los jefes paramilitares porque pasaban por las fincas de Córdoba, donde nunca se veía el Ejército o la Policía. Aseguró que tal encuentro no tuvo como propósito planear crímenes sino buscar la paz.

El ex senador liberal, Vicente Blel, negó que él hubiese estado en esa reunión, al igual que lo hizo la senadora Zulema Jattin. No obstante, Blel aceptó que aunque no asistió a ese encuentro sí lo hizo en otra oportunidad con Vicente Castaño, pero autorizado por el gobierno de Pastrana.

Más verdad
La presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, calificó como "graves" las revelaciones de De la Espriella, pero dijo que este es el tipo de verdad que los colombianos están esperando.

El presidente del partido conservador, Julio Manzur, también terció en el escándalo de la "parapolítica" y dijo que, aunque no estuvo, sería "una gran mentira" afirmar que en una zona como Córdoba, de gran influencia paramilitar, no se tenga contacto con ellos. "Eso sería como ocultar el sol con las manos, que en Córdoba, donde la ley la aplicaban las autodefensas, que eran autónomos, que lo sabían el Gobierno, la policía y la iglesia, que no se tenga contacto con ellos".

Gobierno Pastrana niega
El ministro del Interior del presidente Pastrana, Armando Estrada Villa, negó que el Gobierno hubiese tenido conocimiento de la reunión de Santa Fe de Ralito.

No obstante, advirtió que desde ese entonces el gobierno nacional observó situaciones extrañas en las elecciones regionales, por la concentración de votos en algunas regiones de la costa Caribe. "El Presidente envió una carta a los directivos de los partidos para que tuvieran precaución y se fijaran en los candidatos que avalaba cada partido".

El ministro consejero de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, invitó a políticos y ciudadanos a denunciar si conocen algo de la alianza política - paramilitarismo.

Juristas cuestionan ley de perdón y olvido
La propuesta de una norma para darle punto final al escándalo de la parapolítica, hecha por el senador del Polo Democrático, Jaime Dussán, generó división entre los expertos en el tema.

El procurador general de la Nación, Edgardo Maya, se opuso a la posibilidad del perdón y olvido, por cuanto las leyes actuales tienen los instrumentos para lograr la verdad. “No podemos salirle al país con que aquí no ha pasado nada”. Aseguró que la ley de Justicia y Paz servirá para conocer la verdad sobre el proceso y las acciones de los paramilitares.

El ex procurador general Jaime Bernal también se opuso a la idea de esta clase de ley.

“Los procesos deben seguir su curso normal ante la Corte Suprema o ante las autoridades que corresponda”. Dijo que los congresistas que aparezcan vinculados como auxiliadores de paramilitares, podrían ser juzgados a través de la ley de Justicia y Paz.

“Es antagónico que quienes ejecutaron los hechos salgan más favorecidos que quienes colaboraron con ellos por simpatía, necesidad de protección o coacción”, opinó Bernal.

El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez estuvo de acuerdo con Bernal Cuéllar es que no se debe crear una ley de perdón y olvido, aunque discrepó en la aplicación de la ley de Justicia y Paz a los vinculados. “Primero es necesario conocer la verdad y luego sí veremos si puede haber un tratamiento jurídico especial, pero lo ideal es que los procesos se constituyan sobre la base de la verdad y la justicia”.

En su opinión, el único escenario posible de momento para los dirigentes políticos que tengan vínculos con grupos paramilitares será la justicia ordinaria, ya que el cometido de la Ley de Justicia y Paz está orientado a quienes hacen parte de organizaciones criminales y no a sus colaboradores.
 

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