El año 2004 estuvo marcado por continuos y cada vez más violentos ataques del gobierno, los empleadores y los tribunales contra la negociación colectiva, el derecho de huelga y el concepto mismo del diálogo social. La reforma de la legislación laboral condujo a una jornada laboral más extensa, una compensación reducida por las horas extraordinarias trabajadas y una mayor flexibilidad laboral. Se procedió a una reestructuración a gran escala de las empresas estatales, en la mayoría de los casos sin otro objetivo aparente que la eliminación de los convenios colectivos existentes y la destrucción de las estructuras sindicales.

Entre tanto, la violencia física contra los sindicalistas también persistió e incluso empeoró. Un total de 99 sindicalistas - nueve más que en 2003 - fueron asesinados durante el año, la mayoría de ellos en el contexto de negociaciones colectivas o durante acciones de huelga. Cientos más recibieron amenazas de muerte, otros fueron víctimas de intentos de asesinato y secuestros, muchos fueron detenidos y algunos serían objeto de intimidación por parte de la policía y el ejército. Las celebraciones del Primero de Mayo fueron duramente reprimidas por la policía, dejando 12 personas gravemente heridas. Cuatro miembros de una delegación sindical internacional que anteriormente había participado en una misión de solidaridad con Colombia fueron deportados del país a finales de octubre y principios de noviembre. La impunidad persiste; en casi el 70 por ciento de los casos, no se dispone de información alguna sobre los autores intelectuales o materiales de los crímenes. En cuanto al 30 por ciento restante, nueve amenazas se atribuyen a las fuerzas paramilitares de extrema derecha o a agentes estatales, incluyendo el ejército regular del país.