El Gobierno colombiano propuso hoy a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un encuentro para consensuar de inmediato las "condiciones de seguridad" que les permita a las partes asumir la negociación de un "acuerdo humanitario" en favor de los secuestrados por el grupo rebelde.

La iniciativa fue formalizada por el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, en una declaración divulgada en la página del alto cargo en Internet, quien precisó que "el Gobierno está dispuesto a un encuentro inmediato del Alto comisionado para la paz con un delegado de las FARC para acordar las condiciones de seguridad que permitan adelantar conversaciones en torno de un 'acuerdo humanitario'".

"Es necesario encontrar una fórmula que brinde las máximas condiciones de seguridad y confianza", pero que la seguridad de los delegados de las FARC" no vaya "en detrimento" de la de los ciudadanos, puntualizó.

El funcionario formuló la propuesta tras reconocer que "lo más importante para desentrañar el proceso es lograr un encuentro directo entre las FARC y el Gobierno", informó la emisora local 'RCN Radio'.

Sin embargo, Restrepo advirtió a la organización insurgente que "debe quedar claro que no podemos desmilitarizar una extensa zona del territorio patrio, simplemente con el argumento de dar confianza a las FARC".

El alto comisionado aludió a la exigencia, varias veces confirmada, de las FARC de que sólo se sentarán a negociar un acuerdo sobre los rehenes en una zona próxima a la ciudad de Cali (Valle), previa retiro de la fuerza pública.

La seguridad de los guerrilleros no puede suponer la inseguridad de los ciudadanos", insistió Restrepo, para quien "es preciso definir una metodología de encuentro que dé seguridad" a los primeros, "sin vulnerar los derechos" de los segundos.

OFERTA DEL GOBIERNO

En este sentido, el Alto comisionado aseguró que el Gobierno de Uribe mantiene la oferta de que la negociación de las partes tenga como sede Bolo Azul, pequeña vereda de la zona reclamada por los guerrilleros en el departamento del Valle.

Restrepo también reiteró a las FARC que los rebeldes que sean alcanzados por acuerdo de "canje" o "intercambio humanitario" por secuestrados deberán renunciar a la lucha armada y que podrán recibir el indulto quienes sólo hayan incurrido en rebelión.

Las FARC mantienen en condición de "prisioneros" de guerra, algunos desde 1997, a casi sesenta personas, entre efectivos de la fuerza pública, políticos y extranjeros (tres estadounidenses).

Entre los políticos está la ex candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, secuestrada desde febrero de 2002 y quien también tiene la nacionalidad francesa, por lo que el Gobierno galo se ha interesado en esta crisis. Los rebeldes exigen a cambio la excarcelación de más de medio millar de insurgentes, incluidos dos extraditados a Estados Unidos