Fue el tema del foro internacional que terminó ayer en Bogotá sobre los dilemas de sociedades que intentan desarmar a autores de hechos atroces.

En este sentido, hubo afirmaciones como la de que esta es una negociación de "hechos cumplidos", una especie de "aplanadora que avasalla con desmovilizaciones masivas", donde no se ha resuelto qué tanto de castigo y qué tanto de clemencia debe haber y eso se está dejando en manos de los jueces ordinarios.

"Si el Ejecutivo y el Legislativo no son capaces de dar estas directrices, la matazón para jueces y testigos puede comenzar", estimó uno de los ponentes invitados por la Universidad de los Andes, que programó el foro 'Entre el perdón y el paredón'.

Incluso, el ex magistrado Rodrigo Uprimny, profesor de la Universidad Nacional y quien trabajó el tema de verdad, justicia y reparación para la fundación alemana Fescol, señaló que habría que preguntarse si esta es o no una amnistía de hecho.

El procedimiento que se está utilizando en las desmovilizaciones con los 'paras' consiste básicamente en determinar si quienes integran los listados tienen antecedentes judiciales o no. Cada proceso es llevado por separado ante fiscales y jueces, quienes determinan si la conducta se ajusta o no al delito de concierto para delinquir o conductas conexas. Si esto último es así, las personas quedan libres.

Los expertos internacionales que vinieron trataron de dar luces sobre cuál es el margen de maniobra de un Estado frente a la autoridad internacional en el tema, hasta dónde puede llegar la originalidad de Colombia en el asunto, cuál es el papel de las víctimas y de la sociedad civil y cuánto de justicia y de política hay en el tránsito de un conflicto a una sociedad en paz.

Mark Osiel, de la Universidad Harvard y profesor de la de Iowa, dijo que la justicia internacional autoriza amnistías, por lo que "sería permisible una suerte de amnistía, si la Constitución lo permite".

Y se apoyó en casos como los de Irlanda, Uruguay y Sudáfrica para decir que las compensaciones monetarias pueden flexibilizar el tratamiento hacia los autores de delitos atroces.

Esta posición, sin embargo, desató una fuerte polémica entre los expertos, pues la mayoría de ellos consideró que hoy hay mínimos sobre los que ninguna negociación puede bajarse.

Catalina Botero, asesora en derechos humanos de la Fundación Social, estimó que organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su rechazo a amnistías de crímenes atroces. Y Uprimny se declaró partidario de defender la inderogabilidad de los principios de verdad, justicia y reparación.

Los titulares de estos derechos ya no son solo las víctimas, sino la sociedad, advirtió Lisa Magarrell, investigadora del Internacional Center for Transitional Justice. Y aquí hubo otro gran debate sobre dónde quedan las víctimas y la sociedad.

No está muy claro del todo, si se tiene en cuenta el reclamo que hizo Iván Cepeda, de la fundación Manuel Cepeda Vargas. Para él, en Colombia las víctimas no solo no han podido ganar en identidad pública, sino en garantías reales para "sobrevivir". Mencionó el caso de la UP (más de 3.000 de sus militantes fueron asesinados, muchos de ellos por 'paras'), y dijo que incluso hoy los familiares de asesinados están siendo asesinados, y los parientes de los desaparecidos están siendo desaparecidos.

A pesar de esta visión, hay quienes destacan el papel ganado por las víctimas en el ámbito internacional. Uno de ellos relacionado con las Comisiones de la Verdad y el otro relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI).

Carsten Stahnm, asesor legal de la CPI, consideró que hoy las víctimas tienen más visibilidad y cuentan con un fondo constituido con dinero de los países parte de ese tribunal para reparar a quienes han sufrido las atrocidades. Dijo que lo mejor es evitar creer que la justicia internacional se opone a la nacional y, en cambio, pidió consolidar esta última, teniendo en cuenta que la CPI impera a través de esta.

"Se trata de dos sistemas que funcionan de la mano", recalcó.

Temas como las zonas grises en la que sectores importantes de la sociedad y del Estado se apoyan en los 'paras' fueron tangencialmente tocados para advertir que aunque existe la dificultad de ventilarlos porque estamos en medio del conflicto, hay que tratarlos, si se quiere llegar a una verdadera reconciliación.