Se trata de un fenómeno que sería inconcebible en Ecuador incluso en la época más oscura de su historia, pero que se ha vuelto cotidiano en Colombia. Es una práctica muy antigua, pero conocida desde finales del año 2008, y que involucra a la cúpula del Ejército de Colombia con el asesinato de personas inocentes, para inflar el número de bajas de la guerrilla; con estas ejecuciones extrajudiciales se cobran las primas que otorga el Plan Colombia.

A finales del año 2008, diecinueve jóvenes desaparecidos en el municipio de Soacha aparecieron muertos en el Norte de Santander y fueron presentados por el ejército como bajas de la insurgencia. Esto destapó la olla de grillos y se denunciaron más casos similares, que revelaron el lado oscuro de la mal llamada Política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe.

A raíz del escándalo renunció el General Montoya, héroe del rescate de Ingrid Betancourt y autor de este original método para medir los éxitos en esta lucha; se lo nombró de inmediato Embajador en República Dominicana. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría tenían hasta octubre del 2009 cerca de dos mil casos de “falsos positivos”.

Según documentos militares, diplomáticos y de inteligencia, publicados por el National Security Archive de Washington, donde se llama a los falsos positivos “síndrome del body count”, este ha sido el principio que por años ha guiado el comportamiento de los militares de Colombia. Hace veinte años, McNamara, Embajador de los EEUU., cuestionó la versión del Ejército de Colombia de la muerte de nueve guerrilleros en El Ramal y estableció nexos entre la seguridad colombiana con los grupos paramilitares. La Procuraduría de Colombia sugiere que las víctimas fueron ejecutadas por el Ejército y luego vestidos de guerrilleros, pues no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas.

Cuatro años después, el Embajador americano, Frechette, encontró que este conteo de bajas del enemigo persistía entre los oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El funcionario Adjunto de Defensa de esta Embajada reportó que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos...) quedan en desventaja a la hora de los ascensos”.

La CIA encontró que la seguridad colombiana continuaba “empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente”. En este documento, una revisión de la política de César Gaviria contra la guerrilla, la CIA destacó que los militares colombianos tenían una “historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados”.

Lo peor de todo es que los acusados por estos crímenes fueron liberados sin juicio por “vencimiento de plazo”. Buena lección para quienes admiran el proceso colombiano.