El presidente Alvaro Uribe, quien en la noche del jueves autorizó la excarcelación de guerrilleros a cambio de secuestrados como "mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario'', encabezó ayer la lista personalidades que demandaron la libertad inmediata de la ex candidata.

''Llamo hoy a los que tienen a Ingrid Betancourt y a los otros secuestrados a que los liberen, a que le hagan esa gran contribución al país, a que atiendan ese clamor del corazón de los colombianos'', dijo Uribe.

Los temores por la salud de Betancourt se avivaron el jueves, cuando el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, afirmó que su equilibrio físico es "muy, muy delicado'' y añadió que su despacho tiene conocimiento de que "fue atendida en febrero pasado en algunos puestos de salud'' del selvático departamento del Guaviare, en el sureste del país.

Según el defensor del Pueblo, Betancourt, secuestrada desde febrero del 2002, está afectada de leishmaniasis y hepatitis B.

Horas después de las revelaciones de Pérez sobre la salud de Betancourt, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que Uribe había firmado un decreto mediante el cual el gobierno autoriza la liberación de guerrilleros a cambio de la puesta en libertad de los secuestrados.

Según Restrepo, "sólo basta'' que las Farc liberen a Betancourt y demás secuestrados, entre ellos 39 personas que mantienen en condición de canjeables, para que ‘‘un número singular o plural'' de rebeldes presos sean excarcelados.

Los guerrilleros pueden estar acusados o condenados incluso por crímenes que no sean susceptibles de amnistía o indulto, destacó Restrepo, quien advirtió que la única condición es que los beneficiados deberán comprometerse a abandonar la lucha armada.

Al llamamiento de Uribe por la liberación de Betancourt y demás cautivos se sumaron la Iglesia Católica, sectores políticos y varios gobiernos que han participado activamente en las gestiones a favor de la ex candidata presidencial.

El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Luis Augusto Castro, le pidió al jefe guerrillero Milton de Jesús Toncel, alias "Joaquín Gómez'', "que tenga esa amabilidad con Ingrid y con todos los colombianos, que sea una decisión inmediata en términos de liberarla, a ella y a todos los secuestrados''.

"Joaquín Gomez'' fue designado sucesor en la cúpula de las Farc del Nº2 y portavoz internacional de esa guerrilla, alias 'Raúl Reyes', muerto el pasado 1 de marzo en un bombardeo de tropas colombianas contra un campamento en territorio ecuatoriano.

El sacerdote Darío Echeverry, integrante de la Comisión Nacional de Conciliación, dijo por su parte que las Farc "no pueden dejar morir'' a Betancourt, ni a ningún rehén.

La ex congresista Gloria Polanco, también ex rehén, expresó que sentía "mucho dolor en el alma'', recordó que Betancourt es la única mujer en cautiverio del grupo de canjeables y pidió "por Dios que se compadezcan de Ingrid que está sufriendo''.

Por su parte, el ex presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) dijo que hay que hallar con las Farc "un mecanismo de devolución de Ingrid''.

Samper sugirió entre ellos las gestiones del presidente venezolano Hugo Chávez, que ya han tenido éxito en 2 ocasiones anteriores en las que fueron entregados 6 secuestrados, entre ellos Clara Rojas y Polanco.

La representación en Colombia de la Federación Internacional de Comités por la Liberación de Ingrid Betancourt (FICIB), mientras tanto, celebró la "tardía pero positiva decisión'' del gobierno del presidente Uribe.

En un comunicado divulgado en Bogotá, la FICIB pidió agilizar las gestiones que faciliten la liberación de Betancourt "ante sus lamentables condiciones de salud y su inminente riesgo de muerte''.

Los comités de apoyo a Betancourt pidieron a las FARC "considerar de forma inmediata y sin mayor dilación la propuesta del Gobierno Nacional para construir rápidamente una salida efectiva al horrendo drama de Ingrid y los demás secuestrados''.

La novedosa propuesta del Gobierno de excarcelar guerrilleros procesados por delitos de lesa humanidad a cambio de que las Farc liberen a los secuestrados políticos, tiene tantos peros en principio que pocos creen factible que la guerrilla la acepte.

Corte Penal Internacional

"Durante mucho tiempo hemos sido como los leprosos que afean el baile, los secuestrados no somos un tema ‘políticamente correcto’, suena mejor decir que hay que ser fuertes frente a la guerrilla aun sin sacrificar algunas vidas humanas. Ante eso, el silencio. Sólo el tiempo puede abrir las conciencias y elevar los espíritus”, le escribió Íngrid Betancourt a su mamá en una desgarradora carta el pasado 24 de octubre que, sumada a una silente imagen de ella, cabizbaja, casi resignada, contenida en un video que le dio la vuelta al mundo, sacudió el letargo general de los colombianos, rectificó la parálisis de las conciencias sobre el atroz delito del secuestro y generó una cruzada sin fronteras por la liberación de los plagiados en poder de las Farc.

La frase más escalofriante la lanzó el Defensor del Pueblo: “Alguien me dijo que sus características físicas no distan mucho de la de los niños de Somalia”—, el Gobierno Nacional, invocando el interés superior de la paz, expidió el 27 de marzo el Decreto 880, que busca acelerar un acuerdo humanitario con las Farc bajo dos premisas fundamentales: si esa guerrilla libera a los rehenes políticos que tiene en su poder, el Ejecutivo, amparado en un artículo de la Ley de Justicia y Paz, suspendería las condenas vigentes contra subversivos detenidos, incluso aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y les otorgaría la libertad con la obligación de que no vuelvan a delinquir.

La novedosa propuesta del Gobierno, explicada en detalle por el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, franqueó uno de los inamovibles del Ejecutivo: la liberación de guerrilleros presos involucrados en masacres, secuestros, lavado de activos o terrorismo.

La nueva oferta del Gobierno colombiano, más allá de si es aceptada por el secretariado de las Farc, constituye un avance significativo dentro del pulso infecundo que han sostenido la guerrilla y el Gobierno durante los 67 meses que lleva el presidente Uribe despachando desde la Casa de Nariño. “Tenemos afán de acabar con el terrorismo”, dijo Uribe Vélez, y agregó: “Y tenemos afán de que los secuestrados vuelvan a sus hogares”.

Pero, aunque el anuncio gubernamental reavivó las esperanzas de los familiares de los secuestrados, reputados penalistas consultados por el diario colombiano El Espectador ya empezaron a encontrarle peros jurídicos a este decreto.

El abogado Yesid Reyes Alvarado sostuvo, por ejemplo, que la propuesta de beneficiar a guerrilleros procesados por delitos de lesa humanidad es contraria a las normas del derecho internacional. Y va más lejos al advertir que, de concretarse esta iniciativa, una Corte Penal Internacional no dejará pasar por alto el asunto.

En ese mismo sentido se pronunció el penalista Iván Cancino, quien, aunque consideró loable esta propuesta, “que ya estaba demorada”, concluyó que ni siquiera el Gobierno podría garantizar la eventual libertad a los guerrilleros presos, porque tribunales internacionales seguramente le pedirán cuentas al país.

En el plano político, muchos analistas dudan que las Farc acepten esta propuesta, entre otras cosas porque sigue siendo ambigua: el decreto dice que una vez la guerrilla libere a alguno o varios de los denominados ‘canjeables’, el Gobierno pedirá la excarcelación de subversivos. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo se seleccionarán? ¿En cuánto tiempo saldrán de la cárcel?

El ex asesor de paz Lázaro Viveros calificó la propuesta de Uribe como una cortina de humo “inviable desde todo punto de vista”, porque es la guerrilla la que tendría que actuar primero liberando rehenes, y desde esta perspectiva la propuesta “es más siquiátrica que política y no se logra el acuerdo humanitario”.

Y puso en discusión la dificultad del Gobierno para generar confianza en la guerrilla tras la caída de Raúl Reyes en un operativo que juzgó como “un error garrafal político” que en nada remedia el nebuloso panorama de los secuestrados. La tesis del ex ministro Rafael Pardo es que urge incluir a Venezuela —es decir, al presidente Chávez y a Piedad Córdoba— en el concierto de esta propuesta; pero, además, apura la necesidad de restablecer algún contacto con las Farc. ¿Lo tiene hoy por hoy el Gobierno?

Para el ex comisionado de Paz Camilo Gómez, la iniciativa es menos útil de lo que parece, pues ninguno de los siete artículos contenidos en el decreto define claramente el desarrollo de un acuerdo para una negociación —“a no ser que ya haya un acuerdo que no conozcamos”—, y añadió sin ambages que en este contexto la propuesta del Ejecutivo se quedará sencilla y llanamente, como dice el refranero popular, como eso: una propuesta más en el ya concurrido estanque de las ofertas desechadas por las Farc.

La Iglesia Católica colombiana parece tener bloqueados los caminos con la guerrilla y sus peticiones de humanizar el conflicto son desoídas; el gobierno Uribe cede sin ceder mucho, pero avanza de cualquier manera; la clase política en general apoya la iniciativa con algunos recelos; los juristas ponen peros y puntos sobre las íes; y los secuestrados siguen secuestrados.

Tatiana

En tanto, el Ejército colombiano realizó una importante detención: alias 'Tatiana' fue sorprendida junto con su familia en una casa ubicada en el barrio Normandía, al occidente de Bogotá.

A raíz de las investigaciones de la Fiscalía, ‘Tatiana' fue condenada a 40 años de prisión, por su participación en una atentado terrorista durante la posesión del actual presidente, Álvaro Uribe el 7 de agosto de 2002.

'Tatiana' fue hallada responsable por el Juez Sexto Penal Especializado de Bogotá de los delitos de homicidio agravado, terrorismo, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio.

Así mismo le fue impuesta una multa de 3.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Novoa Cardona será puesta a disposición del Juez del caso y luego será remitida a la cárcel El Buen Pastor de la capital.

De acuerdo con la investigación efectuada por fiscales de la Unidad Nacional Antiterrorismo, el 7 de agosto de 2002 morteros lanzados desde los barrios Pontevedra y Santa Isabel impactaron en la Escuela General Santander, en la Casa del Marquéz de San Jorge, en la Casa de Nariño y en la “calle del cartucho”. La acción terrorista costó la vida a 27 personas y dejó heridas a otras 13.

Por esos hechos también fueron sentenciados y con la misma condena impuesta a Novoa Cardona , Hugo Alejandro Pintor Robayo y Luz Amparo Peralta Pérez, por los delitos de homicidio agravado, terrorismo agravado, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio.

Otros procesados, identificados como José Libardo Ramírez, Henry Leal Segura y Giovanny Triviño Vargas, fueron condenados a 318 meses de prisión y a multa de un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al ser declarados culpables de los delitos de homicidio agravado, terrorismo agravado y rebelión.