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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanas dijo en su informe anual sobre los abusos en Colombia que el gobierno ignoró el último año los vínculos entre las fuerza pública y grupos armados ilegales.
A pesar de que señaló el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, casos de torturas y desapariciones forzosas por parte de grupos paramilitares y también del Ejército, el informe se alineó con la valoración optimista del gobierno sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia.
En una nueva sección del informe que resalta los logros del gobierno, el alto comisionado elogió "el mayor compromiso" de las autoridades para investigar y reducir los abusos, aunque al mismo tiempo señaló que el principal factor en las violaciones de derechos humanos es la guerra civil que sufre el país desde hace medio siglo.
"Creemos que se ha logrado avanzar", dijo Juan Pablo Corlazzoli, director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado.
Otras organizaciones que velan por los derechos humanos manifestaron que el tono complaciente del documento, cuyas criticas en años anteriores desataron la indignación de altos funcionarios del gobierno que amenazaron públicamente con revocar el mandato de la oficina en Colombia, no debería de oscurecer algunos de los puntos más alarmantes del documento.
El informe manifestó que el Ejército ha participado en un número indeterminado de asesinatos de civiles en 21 de los 32 departamentos en Colombia. En muchos casos las víctimas fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
"Los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse", dijo el informe.
Corlazzoli dijo que una interpretación equivocada de la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe, y las exigencias de los altos mandos para que los soldados presenten bajas guerrilleras en combate, pueden ser los culpables del "leve incremento" de ese tipo de homicidios.
A pesar de la desmovilización de unos 31.000 combatientes paramilitares como parte de un acuerdo de paz firmado en el 2003, el reporte denunció el resurgimiento de nuevos grupos armados ilegales.
El informe reflejó en parte las aseveraciones del gobierno de que las continuas violaciones a los derechos humanos son el resultado del conflicto armado y no de la falta de acción por parte del gobierno, como denunció en el informe del anterior presentado predecesor de Corlazzoli.
Varias organizaciones no gubernamentales han señalado a Colombia como uno de los países con un o de los peores resultados en materia de respeto a los derechos humanos.
"Es cierto que el gobierno se ha comprometido en repetidas ocasiones a seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas, pero este reporte demuestra que hasta el momento no existen resultados concretos", dio Maria McFarland, de Human Rights Watch, una organización que vela por los derechos humanos.