La ola de homicidios de la que han sido víctimas recientemente civiles, constituye una violación grave y deliberada del derecho internacional humanitario, declaró este martes 28 de febrero del 2006 Amnesty International, como reacción a los informes que manifiestan varios homicidios perpetrados contra civiles por las FARC, en los departamentos del Caquetá y del Huila.

El 27 de febrero del 2006, unos guerrilleros de las FARC habrían matado por lo menos a 8 concejales en el municipio de Rivera (departamento del Huila). Unos hombres armados les dispararon a los concejales cuando se reunía el Concejo Municipal. Dicho ataque interviene después de que las FARC hubieron amenazado varias veces con matar a los concejales municipales del departamento del Huila y de otras regiones de Colombia su no daban su dimisión.

Anteriormente, el 25 de febrero, las FARC habrían atacado un autobús en el departamento de Caquetá matando a nueve civiles, dos de ellos niños. Dicho ataque era la consecución de la prohibición de todo desplazamiento de vehículos en la región decretada por las FARC. Miembros de las FARC en el pasado ya habían incendiado vehículos y matado civiles que no habían tenido en cuenta semejantes prohibiciones.

Estos homicidios suscitan las inquietudes más vivas en cuanto a la seguridad de los elegidos y de los representantes del Estado en vísperas de las elecciones legislativas del 12 de marzo del 2006. La inquietud también es viva en cuanto a los demás civiles en las otras regiones del país en donde las FARC han impuesto de igual manera restricciones a los desplazamientos de vehículos.

Una vez más, Amnistía Internacional, subraya la necesidad para el gobierno y las fuerzas de la guerrilla de concluir  lo más urgentemente un acuerdo humanitario que permita proteger la vida de la población civil. Las fuerzas de la guerrilla deben comprometerse además desde ahora a respetar el derecho internacional humanitario.

Es preciso que las autoridades colombianas hagan lo necesario para que los responsables de  semejantes actuaciones sean diferidos ante la justicia. Por ello, Amnistía Internacional está preocupada debido a que una ley gubernamental reciente, va a permitirles a las personas que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario – miembros de las fuerzas de seguridad, de los grupos paramilitares y de la guerrilla – que se libren de la justicia. Tales medidas resultan peligrosas por que van a fortalecer a los combatientes en la idea de que pueden continuar, en una casi total impunidad, considerar a los civiles como dianas.