Al acercarse las elecciones legislativas del próximo fin de semana, las FARC han intensificado sus ataques en las zonas rurales: Desde mediados de febrero, esta guerrilla intenta inmovilizar el transporte con métodos sangrientos: el miércoles, francotiradores mataron a un civil en una caravana escoltada por el ejército. Hace diez días, las FARC mataron a nueve viajeros, abriendo fuego contra un ómnibus lleno de gente.

Muchas organizaciones han denunciado esta violencia, con el mismo vigor con el que han condenado la violencia, igualmente inaceptable, de los paramilitares de extrema derecha que apoyan al presidente actual, y la de ciertos miembros del ejército colombianos cuando dicha violencia se ha producido.

Podemos lamentar que la Embajada de Colombia en París, en una campaña aparentemente sistemática y que busca asimilar las Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos a la guerrilla, propague un comunicado que afirma que esta asociaciones no condenan la violencia contra los civiles cuando ésta es cometida por las FARC.

Si en nuestros países este tipo de desinformación no desacredita finalmente más que a sus autores y perjudica gravemente la credibilidad de los mismos, no pasa lo mismo en Colombia, en donde estas afirmaciones, que se han producido de manera repetida, hacen caer sobre las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, amenazas muy reales contra la vida de sus dirigentes. Colombia es el país del mundo en donde militar por los Derechos Humanos resulta lo más peligroso para la vida del militante.