Diversos sectores y organismos internacionales aumentaron la presión para que se esclarezca la masacre de ocho campesinos en la comunidad de paz Apartadó, donde los pobladores empezaron a huir por temor a un nuevo ataque. Desde que se conoció el hecho se han escuchado diversas versiones sobre la responsabilidad en el crimen. Algunos pobladores aseguran que habrían sido paramilitares que veían a los líderes de la comunidad como aliados de las Farc.

La versión del alto mando militar señala a ese grupo guerrillero. El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, sostuvo que una de las víctimas estaba relacionada con los comandos urbanos de la guerrilla y pretendía acogerse al programa de desarme.

La tercera versión, de ONG, de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y del sacerdote Javier Giraldo, responsabiliza al Ejército.

Pero el vicefiscal Ramiro Marín dijo hoy que Cuartas y Giraldo han rehusado formalizar su denuncia.

El hecho se agravó porque una comisión judicial que se desplazó a la zona fue atacada el miércoles, según la Fiscalía, por las Farc. Los fiscales resultaron ilesos, pero un policía murió en las últimas horas y otros dos resultaron heridos.

En medio de la confusión, el director de Fiscalías de Antioquia, Francisco Galvis, afirmó que cuando ocurrió la matanza "en la región no había presencia del Ejército" y que la zona "ha sido infiltrada por las Farc". "Hemos venido denunciando que ésta como otras comunidades de paz son territorios influenciados por la guerrilla. No quiero estigmatizar a la totalidad de la comunidad, pero sus dirigentes han tenido cierta proclividad hacia las Farc", señaló.

El hecho motivó la condena de organismos internacionales, algunos de los cuales enviaron misiones a la zona. "Vimos una población muy aterrorizada. Hay situaciones bastante delicadas que merecen una investigación pronta, eficaz, necesaria y urgente", dijo el director adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.

El secretario de gobierno de Antioquia, Jorge Mejía, señaló que "es urgente que la Policía se asiente para proteger a la comunidad, pero lo han rechazado".