Un frasco plástico, unos gramos de explosivo, una jeringa hipodérmica y metralla, pueden destruir una vida. Éste es el componente básico de una mina antipersonal de fabricación de casera de las cerca de 100.000 sembradas por los grupos armados ilegales, en 31 de los 32 departamentos del país.

Frenar el avance del contrario, es la principal argumentación para su uso. Sin embargo, casi todas están diseñadas de tal manera que se activen por la proximidad o contacto directo de una persona.

De ahí que aunque su objetivo sean patrullas militares o de policía, las víctimas pueden ser campesinos, maestros o niños que van a la escuela.

Armas de los pobres

Los accidentes e incidentes por minas antipersonal documentados por la Vicepresidencia de la República datan de 1990. Ese año se registraron 30 casos. Entre el primero de enero y el primero de abril de 2006 se registraron 400 víctimas.

De acuerdo con los reportes del Ejército, el primer grupo en usar minas antipersonal en Colombia fue el Eln que estableció varias "escuelas" para su fabricación. Éstas fueron ubicadas en el Oriente de Antioquia y la serranía de San Lucas, en el departamento de Bolívar.

El grupo transfirió e intercambió tecnología con las Farc. Esta organización es la que más utiliza estas armas trampa para provocar desplazamientos o proteger cultivos de coca.

Las Auc también las usaron, pero en su desmovilización no entregaron arsenales ni hicieron alusión a entrega de mapas de áreas minadas.

El 25 de abril, en su visita a la Casa de Paz en Medellín, Antonio García, jefe militar del Eln, manifestó que ese grupo cumplía las normas internacionales frente al uso de minas antipersonal. Las calificó como "armas de los pobres", por ser baratas y efectivas para detener le avance del contrario.

Sin embargo, la Convención de Ottawa ratificada por colombia en marzo de 2001, prohíbe el uso, transferencia, fabricación y venta de estos artefactos.