Cuarenta años de conflicto armado en Colombia han tenido un efecto catastrófico sobre la población civil del país. Atenazados entre las fuerzas de seguridad que siempre han colaborado con los grupos paramilitares y los han apoyado y los grupos de oposición armada, millares de personas han sido asesinadas, han <desaparecido>, han sido torturadas o secuestradas, mientras que millones de otras tantas se han visto desplazadas a la fuerza.

El movimiento sindicalista del país además de estar comprometido en una campaña en favor de los derechos de los trabajadores y contra la privatización, está también en la vanguardia del combate por los derechos humanos y la justicia social. Por sus acciones, los dirigentes sindicales y miembros de los sindicatos son objeto de violencias destinadas a ellos, las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares les acusan de dedicarse a actividades revolucionarias. Los grupos de oposición armada, como las FARC, son igualmente responsables de menoscabar los derechos humanos en la persona de los sindicalistas.

Más de 750 sindicalistas han sido asesinados desde el 2000 y al menos una centena de otros tantos han <desaparecido>. Por el solo año del 2005, se cuentan 73 sindicalistas asesinados o <desaparecido> y más de 200 han recibido amenazas de muerte. Recientemente, Héctor Díaz Serrano, miembro del sindicato de trabajadores de la industria petrolera USO (Unión Sindical Obrera), fue abatido cuando se dirigía a su trabajo, el 2 de marzo del 2006. Esa mañana el periódico Vanguardia Liberal escribía que un grupo de paramilitares autodenominados Comando Regional del Magdalena Medio había difundido una declaración en la cual amenazaba con ejecutar a todos los miembros de los sindicatos y de las organizaciones de defensa de los derechos sociales que se presentaran a las elecciones legislativas del 12 de marzo del 2006.

En estos últimos años, Amnistía Internacional ha establecido igualmente la existencia de numerosos asuntos de detención arbitraria de sindicalistas y militantes de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Estas detenciones se apoyan, muy a menudo, únicamente sobre pruebas suministradas por informantes pagados por los militares y no sobre investigaciones imparciales llevadas a cabo por una autoridad judicial. Numerosos militantes detenidos han sido puestos en libertad por falta de pruebas, pero algunos son asesinados o han sido objeto de amenazas al poco de haber sido puestos en libertad. Esto hace temer que las fuerzas de seguridad busquen deliberadamente entrabar la acción legitima de los sindicalistas desacreditando su acción mediante persecuciones judiciales y si fracasan, haciéndolos agredir físicamente, lo más frecuente por paramilitares.

En este Día Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional tienen un pensamiento para los sindicalistas colombianos, principales víctimas del conflicto armado, particularmente 5 sindicalistas del departamento del Arauca, una región rica en petróleo al nordeste del país. Samuel Morales y Raquel Castro fueron detenidos el 5 de agosto del 2004 e inculpados de <Rebelión> en enero del 2005. Otros tres sindicalistas – Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto – fueron asesinados por el ejército dentro de la misma operación.

Las indagatorias abiertas a continuación revelaron que los tres habían sido forzados a salir de una casa, antes de ser abatidos por la espalda por los soldados. Las investigaciones revelaron que las declaraciones según las cuales ellos habrían comenzado a disparar sobre los soldados eran falsas y cuatro soldados y un civil fueron inculpados por homicidio. Sin embargo, a pesar de las dudas evidentes suscitadas por estas revelaciones en cuanto a las circunstancias de su detención, Samuel Morales y Raquel Castro permanecen en prisión.

Raquel Castro es miembro de la Asociación de maestros del Arauca, cuyos dirigentes han sido blanco de operaciones de comando y han sido objeto de detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad, lo mismo que de repetidas amenazas de muerte y de ejecución por los paramilitares apoyados por el ejército. Samuel Morales es un antiguo profesor y presidente regional de la Confederación de Sindicatos Colombianos en el Arauca.

Cuando fue hecho prisionero, Samuel Morales y su familia recibieron amenazas de muerte. El 29 de julio del 2005, mientras lo tenían detenido en un puesto de policía de la ciudad de Saravena, en el departamento del Arauca, el jefe de la policía le habría dicho que él sabía donde trabajaban sus hermanas Omayra, Gladis y Matilde Morales y donde encontrar a su mujer. Policías habrían hecho presión al director del hospital local para que éste despidiera a la mujer de Samuel, simplemente porque estaba casada con él.

El 21 de septiembre del 2005, entre las 10h y 10h30, la secretaria de la escuela en donde Gladis y Omaira trabajaban recibió una llamada telefónica de un hombre que se presentó como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Le pidió que dijera a Gladys y Omaira Morales que tenían setenta y dos horas para abandonar el departamento, que los miembros de la familia del Señor Samuel Morales eran un blanco militar para su grupo y que debían desaparecer del Arauca.

La secretaria de la escuela en donde trabajaba Matilde en el municipio de Arauca recibió por teléfono una amenaza de muerte similar por entre las 10h30 y las 11h.

Amnistía Internacional teme que la detención de Samuel y Raquel haga parte de una estrategia elaborada conjuntamente por los militares y paramilitares para entrabar la acción ,y cuan importante, llevada a cabo por sindicalistas, defensores de los derechos humanos y miembros de las organizaciones de defensa de los derechos sociales en el departamento del Arauca. Aun cuando fueran puestos en libertad, corren el riesgo de ser asesinados por los que han amenazado a Samuel y a su familia.

Solo una acción decisiva de llevar ante la justicia a los responsables de atentados contra los derechos humanos y violencias para con los sindicalistas podría tener un impacto significativo en la crisis de los derechos humanos a la cual se encuentran confrontados los sindicatos en Colombia. Actualmente la impunidad prevalece en un 90 por ciento de los casos de atentados a los derechos humanos de los sindicalistas.

Amnistía Internacional pide al movimiento sindicalista internacional que continúe dando pruebas de solidaridad con sus colegas de Colombia y que insista ante los gobiernos nacionales para que hagan presión sobre las autoridades colombianas y las inciten a tomar medidas para que se ponga fin a los homicidios y persecuciones de sindicalistas y militantes.