En su informe anual de 2004, el Comité Internacional de ese organismo revela que solo logró trasmitir un mensaje entre un rehén y su familia.

Este organismo humanitario es quizás el único que presta esta clase de mediación, por lo que el dato resulta alarmante.

"Para algunos civiles esto significa dos o tres años de no saber nada acerca de sus familiares", dijo ayer, al presentar el informe a la prensa, Juan Pedro Schaerer, delegado en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

Así mismo, el Comité informa que en el 2004 le "fueron entregados tan solo 13 rehenes liberados".

Fondelibertad, la dependencia gubernamental encargada del tema, tiene registros que señalan un altísimo número de plagios desde 1998 (3.023 personas), el que se disparó en el 2000 (3.706 personas). El año pasado, esta atroz practica bajó, aunque sigue siendo alta (1.441 personas).

El caso de las desapariciones forzadas igualmente resulta alarmante, pues el Cicr registra que el año pasado recibió 279 nuevos casos, "que se suman a más de 2.000 desapariciones documentadas desde 1994 en relación con el conflicto armado". Esta cifra, advierte este organismo, incluye únicamente los casos conocidos por la institución "y no pretende ser exhaustiva", aunque evidentemente muestra una tendencia.

El Comité considera que la desaparición persiste "como método de intimidación contra la población civil en Colombia". Y dice que este tema específicamente "debería ocupar un lugar privilegiado en el marco de los procesos de negociación entre el Estado y los grupos armados organizados".

Las estadísticas que se manejan en Colombia registran que así como las guerrillas son las responsables de la mayoría de los secuestros, los paramilitares recurren ordinariamente a las desapariciones forzadas. Algunas estadísticas atribuyen esta última práctica incluso a agentes estatales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja presenta este informe –que incluye otras estadísticas (ver recuadro)– sobre la base de que en Colombia persiste un conflicto armado interno, como lo publicó ayer EL TIEMPO. El editorial  (ver recuadro) del documento entregado ayer, así lo sustenta y afirma que este marco jurídico da mayores herramientas para exigir el respeto a las normas del derecho internacional humanitario, a las que Colombia se ha obligado tras suscribir los Convenios de Ginebra y el Protocolo II.

Otras cifras del informe

Durante el año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja registró que el 61% de los jefes de hogar de una muestra de 480 hogares de desplazados manifestó no estar trabajando y el 45%, que su fuente primaria de ingresos era un trabajo no calificado.

El Cicr retoma el dato gubernamental de 46 infracciones contra la misión médica y 43 víctimas. Caquetá y Putumayo son los departamentos que registraron el mayor número de estas violaciones.

Las víctimas de minas antipersonales fueron 807. De estas 186 perdieron la vida, según datos del Observatorio de la Vicepresidencia.

Las cifras de hacinamiento en las cárceles se dispararon "por el elevado número de detenciones que realiza el Estado en el marco de su política de Seguridad Democrática", dice el Cicr. Según el Inpec, en enero del año pasado el hacinamiento era de 22.6% y en diciembre de 36.8%.

No tuvo información fiable sobre reclutamiento de menores.