Esas son las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en su informe sobre la situación del país.

Esto quiere decir, de acuerdo con el informe (titulado 'La política del avestruz'), que cada día 778 personas son desplazadas y 11 pierden la vida, lo cual representa un aumento del 10 por ciento frente a la cifra registrada en el mismo periodo del 2004.

Codhes, que opera desde 1995, insiste en su informe en que la población civil es la principal víctima del conflicto armado pues no solo se encuentra en medio del fuego cruzado entre Fuerzas Militares, paramilitares y guerrilla sino que se ha convertido en el blanco directo de los combatientes.

Tres realidades han jalonado el nivel de desplazamiento para la ONG: la ofensiva gubernamental contra las Farc, las violaciones al cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares y el fin del repliegue de las Farc.

Esto conduce a que los departamentos en los que se está llevando a cabo la ofensiva militar contra las Farc en el marco del Plan Patriota -especialmente Caquetá, Meta y Guaviare-, las regiones de influencia paramilitar -Costa Atlántica y Magdalena Medio-, las zonas donde han atacado las Farc -Cauca, Nariño y Antioquia-, y las regiones de fumigaciones aéreas -Nariño y Chocó especialmente-, sean señaladas por el informe como las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado.

Entre enero, febrero y marzo de este año, 363 municipios de 32 departamentos habrían recibido población desplazada por la violencia.

Codhes también destaca las tendencias de profundización del conflicto armado en algunas regiones como la Costa Pacífica; continuidad en otras como el sur del país, y expansión en otras más como el suroriente del país.

Finalmente, en el documento Codhes denuncia que el Gobierno trata de disminuir el índice de desplazamiento forzado por medio del "rechazo, el desconocimiento o la invisibilización de la población desplazada". Prueba de esto, para la ONG, es el aumento del porcentaje de personas que intentan entrar al registro de desplazamiento de la Red de Solidaridad Social y son rechazadas.

EL TIEMPO intentó conocer la posición del Gobierno sobre el informe, pero no fue posible.