Rodolfo Ríos Lozano, abogado defensor de los derechos humanos y de los prisioneros políticos, evoca para” l’Humanité” lo arbitrario de un sistema judicial en manos del poder ejecutivo.

Colombia es teatro de violaciones de los derechos humanos. En su calidad de hombre de ley, ¿cómo considera usted a la justicia de su país?

Rodolfo Ríos Lozano. La situación está en el peor momento. La “fiscalía”- órgano de justicia que funciona con el sistema acusatorio – se ha transformado en un instrumento de guerra que depende del ejecutivo. Estas actuaciones están orientadas en función de la política del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo más importante para la fiscalía es el producir cifras, es decir un número importante de resoluciones acusatorias pero sin calidad ni objetividad. Por este hecho, los prisioneros políticos permanecen detenidos más de quince o veinte meses hasta la realización del proceso. Por regla general, después de las audiencias públicas son absueltos por falta de pruebas. La mayor parte de los prisioneros políticos son campesinos arrestados por el ejército, la policía , a veces por orden de la misma fiscalía en las regiones en donde los movimientos armados están o han estado presentes. En las zonas urbanas, se trata de elegidos municipales, de personas que militan en el Partido comunista o de la Unión Patriótica (movimiento lanzado por las FARC en 1985 cuando hubo los acuerdos de paz y que se saldaron con el asesinato de cerca de 45.000 de sus miembros- (NDLR)

¿Puede usted evaluar el número de estas detenciones políticas?

Rodolfo Ríos Lozano. Alrededor de unas 500 personas han sido perseguidas dentro del marco de detenciones masivas. Personalmente he seguido unos 150 casos, liberados después de ser juzgados. Es preciso saber que los cargo retenidos por la “fiscalía” son de pruebas ilegales. Las obtienen de presuntos informadores, de ex guerrilleros reinsertados o infiltrados en el interior de las comunidades. No hay nunca pruebas “probatorias”. Pero en el momento de entrevistas entre estos presuntos informadores y los militares, estos últimos orientan las respuestas indicándoles las características morfológicas de personas a quines desean acusar e indicándoles especialmente a las personas que tienen actividades sociales o políticas. Recogidos estos elementos elaboran una especie de documento de inteligencia para capturar a una persona, haciéndola pasar por guerrillero o por miembro de una red de información de la guerrilla. Con este supuesto documento presentan al detenido ante la fiscalía.

¿Cuáles son las condiciones de detención de los prisioneros?

Rodolfo Ríos Lozano. Son tanto más graves cuanto que las personas detenidas son transferidas hacia la capital. La distancia que separa al prisionero de su familia es fuente de un sufrimiento muy grande, pues la mayor parte de los detenidos son de origen modesto. Las familias no poseen los medios de ir a visitar a los detenidos.

¿Se asiste a la “criminalización” de la actividad sindical y política?

Rodolfo Ríos Lozano. Es una forma de castigo severo contra los dirigentes sociales y políticos. La fiscalía ha optado por una persecución particular cuando no tiene autoridad para ello: el delito de rebelión. Otro factor agravante ha aparecido: cuando una persona perteneciente a las FARC es capturada, cualquiera que sea su ocupación en la organización (informador o dirigente) es perseguido por una serie de delitos como terrorismo, secuestro, robos, daño a los bienes públicos, rebelión, homicidios agravados con fines terroristas cuando nada prueba que esta persona sea responsable de cada uno de esos delitos.

Frente a tal situación ¿cómo ejerce usted?

Rodolfo Ríos Lozano. Nosotros estamos sometido a amenazas que emanan de grupos desconocidos. Pero yo no tengo ninguna duda que se trata de de organismos de inteligencia del Estado, los servicios secretos y los paramilitares. Las intimidaciones se han multiplicado por Internet. Yo mismo soy blanco de amenazas. En cuanto a la fiscalía, ésta ha ordenado una investigación disciplinaria en mi contra.