En Risal, la traducción del análisis de las elecciones de la última semana, publicada en el Colombia Journal por Gary Leech, un reconocido especialista sobre Colombia que no esconde sus opiniones ...

Felicitaciones al presidente Álvaro Uribe, vencedor sin contestación de las elecciones presidenciales de Colombia, quien obtuvo el resultado impresionante del 62% de los votos. La elección no ha dejado subsistir duda alguna en cuanto al hecho de que la mayoría de los electores colombianos apoyan a Uribe y su estrategia de “seguridad democrática”, un hecho que la izquierda, colombiana y extranjera, deberá aceptar. No por eso este resultado da un mandato al presidente para violar los derechos humanos de la oposición política o aún más de los detractores de su política económica y securitaria. Para estos colombianos de izquierda, la lucha durante los cuatro próximos años consistirá en consolidar los réditos electorales recientemente adquiridos mientras se defiende de una probable intensificación de la represión del Estado.

Mientras que algunos pretenderán que el 62% es un mandato claro para Uribe, la realidad es sólo el 28% de los electores inscritos ha depositado un voto a favor del presidente. La participación electoral ha sido estimada al 45%, una tasa que corresponde más o menos a la de cuatro años y que permanece relativamente baja miradas las cifras habituales en Colombia. Uribe no ha recogido los votos que del 62% de esos colombianos que se dieron la pena de ir a votar. La flaca participación electoral es tanto más incómoda cuanto que esta vez las guerrillas colombianas cumplieron su promesa de no perturbar las elecciones. Mientras que las autoridades tradicionalmente han deplorado siempre el poco nivel de participación en razón de la violencia que azota al país y las tentativas de los rebeldes de impedir a los electores de acudir a las urnas, la sola explicación valedera esta vez, es que los colombianos sienten una apatía generalizada frente al proceso político de su país.

Sin embargo , Uribe ha salido claramente victorioso del escrutinio y pese a numerosas fallas del proceso electoral colombiano – incluido la coerción ejercida por los paramilitares de derecha sobre los electores y las amenazas proferidas contra el Polo Democrático Alternativo (izquierda) - es evidente que una parte significativa de la población colombiana, aunque no necesariamente una mayoría, apoyan al presidente. En consecuencia, si nosotros izquierdistas insistimos a menudo en designar los sucesos electorales del presidente venezolano Hugo Chávez como prueba de su popularidad, aún cuando el proceso electoral en Venezuela permanece tan cojo como el colombiano, debemos aceptar el hecho que Uribe conserva un nivel de popularidad significativo entre los colombianos. Esto no significa por eso que sus opositores deban aceptar sus políticas, especialmente cuando ellas impliquen represión contra ciertas franjas de la población colombiana.

Muchos son los colombianos que han votado en apoyo de un programa político que ha contribuido a mejorar su seguridad, ignorando que por una parte, la riqueza producida por el desarrollo económico del país no alcanza a la mayoría de la población desfavorecida y por otra parte, los detractores de la política del gobierno han sido las víctimas de la represión del Estado. Esta se ha traducido tanto por asesinatos, desapariciones, desplazamientos como detenciones arbitrarias. En razón de la larga guerra civil que perdura en Colombia, para aquellos que no han sido blanco de la represión del gobierno, la seguridad ha suplantado los otros temas de preocupación cuando se trata de elegir un presidente.

La mayoría electoral que obtuvo Uribe no le da vía libre para continuar, o sea intensificar la represión contra sus detractores. Colombia pretende ser una democracia constitucional y como tal, no está regida únicamente por la simple regla de la mayoría. Dicho de otra manera, Uribe debe gobernar dentro de los límites de la Constitución del país, lo que exige que respete y proteja los derechos de cada ciudadano y no solamente de aquellas gentes que apoyan su proyecto.

El hecho de que Uribe no haya llegado a hacerlo durante su primer mandato contribuyó al éxito significativo del candidato de la izquierda Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo que recogió en un hecho sin precedentes el 22% de los votos en las elecciones presidenciales. Mientras que ellos constituyen una minoría electoral, los partidarios de Gaviria representan a esos colombianos víctimas del régimen represivo de de Uribe. Hoy por hoy, su mayor temor es que el éxito electoral conduzca a una intensificación de la represión llevada a cabo en nombre de la seguridad y del crecimiento económico.

Uribe representa la pendiente contemporánea, autoritaria y democrática del dictador militar Augusto Pinochet quien dirigió Chile durante la guerra fría. A lo largo de los años 70 y 80, una parte significativa de la población chilena apoyó las políticas autoritarias de Pinochet que acordaron la prioridad a la seguridad y al crecimiento económico en detrimento de los derechos del hombre. Mientras Pinochet sobresalía en el arte de hacer “desaparecer” a sus opositores, el número de colombianos “desparecidos” durante el primer mandato de Uribe excede el número total de chilenos desaparecidos durante los diecisiete años de la dictadura militar.

Los hechos que se desarrollan hoy en Chile muestran, no obstante, que en la actualidad muchos chilenos piensan que la sola ambición de llegar a la seguridad y el crecimiento económico no puede justificar las flagrantes violaciones a los derechos del Hombre. Es esta misma convicción la que lleva a los que luchan por la justicia social en Colombia a perseguir sus esfuerzos con la meta de asegurar que los derechos constitucionales y los derechos del Hombre de todos los Colombianos sean respetados y protegidos. A tal efecto, es más importante que nunca que todos aquellos a través del mundo que unen sus esfuerzos de manera solidaria con esos valerosos colombianos intensifiquen su acción con el fin de que Uribe sea considerado responsable de los abusos cometidos por su gobierno. Se puede esperar que a diferencia de Chile esto no ocurra dentro de veinte años.