La multinacional estadounidense Drummond habría dado dinero y coches a un grupo de paramilitares colombianos que asesinó a tres sindicalistas que se opusieron a la política empresarial de la empresa minera, según el abogado Herman Johnson.

En el primer día del juicio contra la minera estadounidense, que explota carbón en el norte de Colombia, el abogado, que representa a familiares de los tres sindicalistas asesinados en 2001, pidió al jurado que haga responsable a Drummond por este crimen cometido.

Según los medios estadounidenses, este juicio es el primero que se celebra contra una compañía estadounidense por haber abusado de los derechos humanos en el extranjero.

De acuerdo con la prensa local, Johnson relató durante su intervención que hombres armados asesinaron a los líderes sindicalistas cuando éstos se quejaron de las condiciones laborales en la mina de Drummond en La Loma.

La empresa minera, con sede en Alabama, se ha aliado con paramilitares en contra de las guerrillas en un conflicto que ya dura décadas en Colombia, señaló el abogado.

'Drummond ha tomado una serie de decisiones, ha optado por ir a una zona de conflicto para hacer dinero. Han elegido la guerra. Se han decantado por los paramilitares. Han escogido eliminar a los líderes sindicalistas', dijo Johnson.

Frente a estas acusaciones, el abogado de la compañía, William Jeffress, negó la implicación de Drummond en estos hechos.

'Drummond no ayudó en los asesinatos de nadie', señaló el abogado defensor. 'No son asesinos. Conocen la diferencia entre el bien y el mal'.

Según Jeffress, la empresa confió en el ejército colombiano y sus propios agentes de seguridad para defenderse contra ataques de la guerrilla.

Drummond no apoyó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de la extrema derecha armada y considerados por EEUU como grupo terrorista), dijo el abogado, quien insistió en que la empresa sabía que no podía tomar parte en el conflicto.

Según Jeffress, los tres trabajadores fallecidos de mano de paramilitares son 'tres entre miles' de líderes sindicalistas asesinados en Colombia. 'Nadie en Drummond cree que haya existido ayuda para asesinar a los empleados. Estos cargos no son justos, no son verdad y no son creíbles', insistió.

El juicio, que se celebra en la Corte del Distrito Norte de Alabama, está presidido por la juez federal Karon Bowdre.

La juez ha prohibido que comparezca como testigo Rafael García, ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia colombiana, quien afirmó que vio al presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, entregar una maleta de dinero a comandantes paramilitares para 'asesinar específicamente a los líderes sindicales'.

El sindicato Sintramienergética y los familiares de los trabajadores asesinados argumentan que Drummond, a través de Jiménez, habría pagado a un grupo de paramilitares para asesinar a los líderes sindicalistas.

El caso se refiere al asesinato de los dirigentes sindicales Valmore Locarno (presidente), Víctor Hugo Orcasita (vicepresidente), y Gustavo Soler Mora, por un grupo de paramilitares colombianos.

Según el relato del sindicato, publicado por la prensa local, los hechos ocurrieron cuando un autobús con unos 50 trabajadores salió de la mina de carbón de Drummond en Colombia, en el departamento de Cesar, y fue detenido por un grupo de hombres con fusiles.

Los paramilitares sacaron a la fuerza a Locarno y Orcasita, mataron al primero con disparos en la cabeza y llevaron a su compañero con ellos para torturarlo y asesinarlo. El tercer líder sindicalista fue asesinado más tarde.

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