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Según las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los legisladores regionales murieron el 18 de junio en medio del fuego cruzado, cuando supuestamente un grupo militar desconocido atacó el campamento en donde estaban cautivos.
Per el Gobierno acusa al grupo de haberlos asesinado y exige la entrega de los cuerpos para que expertos internacionales realicen un minucioso análisis forense.
"Recibimos una petición de las FARC para recoger los cuerpos y tenemos luz verde del Gobierno para hacerlo," dijo a Reuters Yves Heller, portavoz de CICR.
Un comunicado del organismo explicó que para el éxito de la operación se requiere efectuar la gestión de manera confidencial y discreta.
"El CICR (...) señala también que para poder realizar esta operación es necesario que ambas partes den todas las garantías de seguridad en la zona," agregó el documento.
Los diputados fueron secuestrados en el 2002 en un operativo de las FARC a plena luz del día en la ciudad de Cali, la segunda más poblada del país.
Los funcionarios formaban parte de un grupo de 60 personas que las FARC mantenían plagiadas, entre las que están la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses, militares y policías, sin contar a cientos de civiles.
ENTREGA VIABLE
Sólo uno de los legisladores raptados se salvó de morir, según la guerrilla, porque no se encontraba en ese momento en el campamento.
"No tenemos un plazo específico y no sé cuánto tiempo tomaremos para conseguir las garantías de seguridad que necesitamos para entrar y rescatar los cuerpos," agregó Heller del CICR.
El secuestro es utilizado por la guerrilla para presionar políticamente al Gobierno y, en muchos casos, para financiar junto con el narcotráfico su acción armada.
Por su parte, los familiares de las víctimas confiaron en que se logre pronto la entrega de los cadáveres.
"Ya esta manifestación hace más viable y más cercano el día de la entrega de los cuerpos," dijo a periodistas María del Carmen Hoyos, familiar de uno de los diputados muertos.
Las FARC, conformadas por unos 17.000 guerrilleros, exigen al Gobierno del presidente Alvaro Uribe la desmilitarización de una región del tamaño de la ciudad de Nueva York para llevar a cabo conversaciones sobre el intercambio de secuestrados por rebeldes de su organización que están presos en cárceles.
Pero Uribe, quien con el apoyo de Estados Unidos prometió derrotar militarmente a las FARC, rechaza la propuesta, bajo el argumento de que la guerrilla busca reorganizar algunos de sus frentes, golpeados recientemente por las fuerzas militares.