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1.300 indígenas se encuentran desplazados por los enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército en el sector rural del municipio de Ricaurte.
Una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se desplazó hasta la zona para verificar la situación y su magnitud.
Ante la existencia de campos minados en el territorio indígena son más de 2 mil personas las que aún se encuentran sitiadas.
La comisión llevará con los registros reales una voz de ayuda al gobierno central para devolver la calidad a esta población.
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Mil desplazados en Ricaurte. Indígenas presentados por el Ejército como guerrilleros caídos en combate. Aviones militares ametrallan y bombardean indiscriminadamente. Desaparecidos docentes. Varios de ellos asesinados.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Colombia, seccional del departamento de Nariño, ha denunciado una serie de hechos que testimonian de una nueva situación de crisis humanitaria para la población civil. A continuación, Humanidad Vigente reproduce apartes importantes de dicha información:
Los enfrentamientos armados han obligado a 950 personas de Ricaurte (Nariño), a abandonar sus parcelas y buscar refugio en el casco urbano de la localidad.
La secretaria auxiliar de la Alcaldía Municipal, Dani Narváez, aseguró que hay 227 familias desplazadas.
Los afectados, en su mayoría indígenas y casi 500 niños, han llegado al parque principal de la población, donde han buscado el apoyo de la administración municipal. "La Alcaldía de Ricaurte los está ayudando y asumiendo todo", agregó la funcionaria.
Los enfrentamientos más fuertes se presentaron en la vereda Cumbes.
La Defensoría del Pueblo llamó la atención por la crisis humanitaria que se presenta en esa región del país y pidió investigar la muerte de dos indígenas que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros caídos en combate.
En declaraciones a Caracol Radio, Éder Burgos, integrante del resguardo Camawari, dijo que algunos desplazados se refugian en escuelas rurales cercanas a Ricaurte.
Agregó que principal dificultad que afrontan es la falta de alimentos.
Por otro lado, el docente Efrén Alonso Motta Acosta, quien trabaja en la Escuela Rural Bellavista, municipio de Samaniego, desde las 8 de la noche del día 27 de junio de este año, hasta el momento de expedir este comunicado, se ha reportado como desaparecido.
El docente Luis Hernando Chiran, quien trabajaba en la escuela Rural El Guadual del municipio de Ricaurte, fue plagiado y apareció muerto, seis días después, y su cuerpo con signos de tortura.
El docente Francisco Ernesto García, quien trabajaba en el Centro Educativo El Tambillo, municipio de Sandoná, el 6 de julio fue encontrado muerto en un paraje solitario en la vía que de Providencia conduce a Samaniego.
El lunes 10 de julio, en el municipio de San Pablo, el docente Iván Ñañez Muñoz, fue asesinado de siete impactos de bala, en momentos en que se desplazaba a su lugar de trabajo en el Centro Educativo de Bellavista del mismo municipio.
De otra parte, el cabildo mayor Awá - Camawarí- de Ricaurte, informó sobre enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, que han generado una nueva situación de desplazamiento forzado masivo en jurisdicciones de los municipios de Ricaurte y Barbacoas:
La Fuerza Aérea ha ametrallado y bombardeado indiscriminadamente, inobservando el principio de distinción previsto por el Derecho Internacional Humanitario, obligando a la población civil a abandonar la zona.
El desplazamiento masivo en el resguardo de Magüi, tiene dos lugares de concentración: indígenas se encuentran en el Colegio Agropecuario de la Comunidad de Cumbas y 240 personas más se refugian en el Centro Educativo el Guadual, generando una grave crisis humanitaria, pues las familias desplazadas, en su afán de protección no llevaron consigo absolutamente nada.
El operativo militar tiene como escenario los resguardos de Nulpe Alto y Nulpe Medio, Rio San Juan, que comprende las comunidades de Nulpe Medio, Piguantís, El Hojal y Tallambí, límites con el Ecuador.
Se solicita a los organismos de derechos humanos, a las autoridades civiles y eclesiásticas alertar a los mandos militares responsables de la operación, sobre las mencionadas zonas para que se les garantice la seguridad.
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Finalmente, piden al Estado colombiano, así como a los organismos intergubernamentales e internacionales, que a la mayor brevedad definan un plan de atención humanitaria para solventar las necesidades de los desplazados.
La etnia Camawari, demanda respeto a la autonomía indígena y exige que sus territorios no sigan siendo escenarios de combates, al tiempo que rechazan el conflicto armado que desangra al país.