En Colombia, ser mujer y desplazada se ha convertido en sinónimo de pobreza, violencia y exclusión. Así lo revela la segunda encuesta "Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas", que recientemente publicó Profamilia. El panorama que refleja este estudio es alarmante, pues a la de por sí dramática condición de haber sido expulsadas de su tierra se agrega que estas mujeres carecen de trabajo, sufren muy pobres índices de salud y viven el infierno de la violencia intrafamiliar.

Según el informe, menos del 40 ciento de las desplazadas tienen trabajo y ni siquiera una tercera parte de ellas están afiliadas a una EPS. A pesar de que el 90 por ciento ha sido objeto de algún tipo de ayuda humanitaria del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, tan solo un 5 por ciento ha recibido capacitación laboral y un 1 por ciento, algún apoyo en ubicación laboral. El 40 por ciento de estos hogares desplazados no cuentan con ningún tipo de afiliación a la seguridad social.

En materia de salud sexual, un tercio de las adolescentes desplazadas están embarazadas o ya son madres, mientras que a los 19 años un 63 por ciento de las mujeres han tenido al menos un hijo. No sorprende, entonces, descubrir que 3 de cada 10 desplazadas no usen ningún método anticonceptivo y que el 37 por ciento no considere la citología como un examen necesario. Además, cada hogar desplazado tiene, en promedio, dos personas más que el promedio nacional. Con estos datos es claro que se hace perentorio reforzar los programas de salud sexual y reproductiva para las mujeres desplazadas, tanto en la prestación de servicios como en la información.

Otro aspecto alarmante de la investigación se concentra en la violencia. El 44 por ciento de las mujeres en condición de desplazamiento han sido golpeadas por su pareja y el 18 por ciento han sido agredidas durante el embarazo. Además, otro 18 por ciento ha sido víctima de violencia sexual, mientras que el 80 por ciento de todos los casos de agresión contra esta población de mujeres no son siquiera denunciados.

En conclusión, la cara femenina de la tragedia del desplazamiento es una superposición de exclusiones, que empieza a constituir un nuevo tipo de pobreza. Lo más preocupante es que estas investigaciones muestran este panorama en medio de un debate público sobre la atención estatal a los desplazados, de acuerdo con la sentencia T-025 de la Corte Constitucional. La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación reiteró el permanente incumplimiento de entidades del Gobierno de la protección de la población desplazada en el país y calificó el avance como "lento y difícil".

Para la Procuraduría, el monto de 1,3 billones de pesos que el Gobierno destinó durante el 2005 y el 2006 es insuficiente frente a las necesidades de los desplazados. Asimismo, instó a construir indicadores de demanda más sólidos y realistas, así como a mejorar la atención diferencial a desplazados afrocolombianos, indígenas y de origen campesino vulnerables.

No es fácil que arranque una política integral de atención a los desplazados si seguimos en el debate de cuántos son y dónde están. Mientras el Gobierno Nacional afirma que por la violencia han sido desplazadas 1’706.236 personas hasta la fecha, el Codhes y la Conferencia Episcopal Colombiana calculan en cerca de 3 millones las víctimas de este fenómeno. En todo caso, es imposible ignorar las dimensiones extraordinarias del desplazamiento en el país.

La conclusión de todo esto es evidente: tanto en la vida cotidiana de los hogares de las mujeres desplazadas, como en el diseño estructural de las políticas públicas de atención a esta población, el gobierno del presidente Uribe tiene mucha tarea por hacer. De que la haga depende que Colombia deje de ocupar los deshonrosos primeros lugares del mundo en desplazamiento forzado interno de sus habitantes.