En Colombia, el desplazamiento forzoso es sobretodo un medio para adueñarse de las tierras de los campesinos y de los pequeños finqueros, y sólo marginalmente una consecuencia fortuita de la guerra.

Una gran parte de la violencia está deliberadamente dirigida contra civiles con el objetivo de expulsarlos de sus casas y de sus tierras. Es una lucha que viene de siglos pero que ahora impacta en los intereses comerciales nacionales e internacionales y es un componente de la guerra interna que opone a las fuerzas del gobierno y sus aliados paramilitares a dos grupos guerrilleros y tiene conexiones con la lucha contra la droga

Según CODHES, una fuente no gubernamental bien informada, más de 3,5 millones de personas, sobre los casi 40 millones de habitantes con que cuenta Colombia, han sido desplazadas en las dos últimas décadas. Las cifras oficiales son “únicamente” de 1.8 millones, principalmente porque el registro sistemático de las personas desplazadas en el interior del país (IDPS) no comenzó más que en el 2000 y no cuentan las cifras de COHDES de 1985 al 2000.

Casi un millón de personas han sido desplazadas desde que el gobierno del presidente Uribe Vélez tomó el poder en el 2002, según las dos fuentes, aunque sus estadísticas hayan comenzado a divergir en el curso de los dos últimos años; las cifras del gobierno indican unas 160.000 personas nuevamente desplazadas en el 2005, mientras que COHDES ha registrado más de 300.000: De todas formas las dos cifras son indicativas de una escalada significativa del conflicto desde el 2002, del enorme dolor de la violencia y de la exclusión social, política y económica en un país profundamente dividido.

Las matanzas, los ataques e intimidaciones a la población civil por parte de los grupos armados, en particular en los sectores rurales se siguen informando. En Colombia, a los IDPs no se les aloja en campos de refugiados, pero hay regiones enteras en donde la mayoría de los habitantes son IDPs. Típicamente huyen de los sectores rurales y se amasan en los barrios marginales alrededor de las ciudades más importantes en donde deben luchar para sobrevivir. Sin embargo, el dominio territorial creciente por parte de los grupos paramilitares y la violencia ligada al crimen obligan a menudo a los IDPs a huir de nuevo dentro de los sectores urbanos.

Los IDPs generalmente tienen poco acceso a la salud, a la educación, a la nutrición, al agua potable y a los equipos sanitarios comparando con el resto de la población, incluida la población pobre que vive en las zonas de tugurios.

Colombia es a la vez uno de los países que cuentan con el mayor número de IDPs en el mundo y paradójicamente es el que posee, probablemente, la legislación más avanzada para protegerlos.

Desde que tomó el poder en el 2002, el gobierno de Uribe ha instalado una política de “seguridad democrática” que busca entre otras atacar a los grupos guerrilleros, forzando a los civiles a participar en actividades de contra insurrección, con los “soldados-campesinos” armados y la creación de redes de “informadores civiles”. Estas medidas de “seguridad” han implicado a los civiles en el conflicto armado y ha contribuido a la estigmatización de personas, en particular a los defensores de los derechos humanos y a los responsables de comunidades indígenas que han sido forzados a huir de los sectores alcanzados por el conflicto. Es por esta razón, en parte, que muchos IDPs no reclaman el estatuto de refugiados y buscan más bien el anonimato en las zonas de desplazamiento.

La cómoda victoria del presidente Uribe en las elecciones presidenciales del 28 de mayo del 2006 se atribuye en gran parte al mejoramiento de la seguridad en los sectores urbanos, en donde las estadísticas de homicidio y las tasas de secuestro en los sectores urbanos han caído de manera significativa durante su primer mandato. Sin embargo, alrededor del 55 por cien del electorado se abstuvo de votar, ello refleja la poca confianza que siente la población hacia las instituciones democráticas.

En enero del 2004, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la política del gobierno concerniente a los IDPs. Como respuesta a esto el gobierno prometió, en octubre del 2005, el equivalente de más de $2 billones para la protección y asistencia de los IDPs para el período 2005-2010.

En mayo del 2006, el gobierno, con el vacilante apoyo de la comunidad internacional, ha desmovilizado a más de 30.000 paramilitares, dentro de un marco jurídico controvertido.

Las críticas a esta ley denuncian el hecho de que ésta deja impunes los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a la ley humanitaria internacional, que dicha ley no busca establecer la verdad histórica, que no busca el identificar ni juzgar a los mandatarios del paramilitarismo responsables de estos crímenes y que viola el derecho de las víctimas a la justicia y reparación.

Los grupos armados, especialmente los paramilitares aliados a los traficantes de droga, actualmente controlan millones y millones de hectáreas de tierras, en gran parte robadas a las personas desplazadas en el transcurso de masivas violaciones a los derechos del hombre. Aunque el veredicto de la Corte Constitucional haya sido un golpe legal serio al proceso de desmovilización, las consecuencias prácticas de ello son menos claras. El proceso estaba casi terminado antes del veredicto de mayo del 2006, y el gobierno ha calmado a los jefes paramilitares prometiéndoles que este veredicto no tendría efectos retroactivos.

El proceso de desmovilización forma parte de los esfuerzos legítimos del gobierno para reconstituir la ley y el orden en el país, pero el veredicto de la Corte Constitucional confirma los temores expresados por numerosas organizaciones, de que la ley de Justicia y Paz deje intactas las estructuras políticas, económicas y sociales controladas por los paramilitares, y de esta manera impedirles eficazmente a los IDPs que vuelvan a sus hogares dentro de un futuro previsible