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Los recursos hacen parte del paquete de asistencia que anualmente entrega ese país a las Fuerzas Armadas, en respaldo al Plan Colombia.
Ese paquete suele promediar, en total, los 500 millones de dólares. Por ley, el Legislativo exige que la entrega del 25 por ciento de los fondos de este paquete, cuyo destino sea militar (alrededor de 300 millones), dependa de dos certificaciones en Derechos Humanos, que deben entregarse a lo largo de cada año por parte del Departamento de Estado.
Esta certificación, objeto de altas tensiones entre ambos países, pide corroborar, entre otras cosas, que se esté suspendiendo del servicio activo a miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a violaciones de los DD.HH. y la plena cooperación en este tipo de investigaciones con la justicia civil.
Lo grave es que un fragmento de estos fondos (35 millones de dólares) lleva casi un año bloqueado pues hace parte del presupuesto que debió ejecutarse el año pasado (2004). Es la primera vez que esto ocurre.
El resto, otros US$ 70 millones, corresponde al 2005 (en curso) pero igual depende de las dos certificaciones previstas para este año, que aún no se presentan, y que difícilmente se presentarán a tiempo pues primero debe resolverse el impasse que viene desde el 2004.
"La razón es simple. El departamento de Estado no ha podido demostrar progresos suficientes en esta área. Hay decenas de casos, que involucran a militares, que han avanzado ante la justicia, pero muchos militares pese a estar implicados continúan en sus cargos", dijo a EL TIEMPO una fuente del legislativo.
‘Justicia y paz’
Sin embargo, y de acuerdo con el embajador Luis Alberto Moreno, la razón es otra. "Es indudable -dice Moreno- que la certificación viene frenada por un tema político: la ley de ‘justicia y paz’ para la desmovilización de los paramilitares".
Según Moreno, el clima con cierto sector del Congreso se enrareció desde que comenzó el debate en Colombia sobre esa ley. Al parecer, ese sector habría frenado el desembolso del dinero para presionar por la aprobación de una ley que se ajustara a sus estándares.
De hecho, han sido varias las cartas escritas al gobierno de Álvaro Uribe en las que los legisladores de Estados Unidos exigen cambios a la ley que ya fue aprobada por el Congreso colombiano y que está para sanción presidencial. En un nuevo gesto de desaprobación por el contenido de la mencionada ley, el Senado norteamericano aprobó la semana pasada una serie de exigencias que dejan bloqueada la posible asistencia estadounidense al proceso con los ‘paras’ y su reincorporación a la vida civil.
"Esperemos que esto se pueda resolver antes de que finalice el año legislativo (en octubre). Pero en el fondo lo que Colombia debe hacer es demostrar las bondades de la ley a través de su aplicación", sostiene el embajador.
De todas maneras –afirma Moreno– el gobierno es consciente de que debe realizar una labor de "pedagogía" en E.U. Para tal fin viajarán a Washington el próximo 18 de julio, el vicepresidente Francisco Santos, la canciller Carolina Barco y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
Mientras tanto, en nueva una carta, 22 prestigiosos senadores le piden a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, "no certificar" a Colombia hasta que el gobierno demuestre mayores avances en el tema.
Nunca antes un grupo tan grande de legisladores se había dirigido al Departamento de Estado para frenar la ayuda a nuestro país. Marca, de paso, el momento más crítico de las relaciones entre ambos países.
"No se han presentado avances suficientes en suspender, investigar y enjuiciar a miembros de la Fuerza Pública que han sido denunciados de manera creíble por cometer graves violaciones a los DD.HH. o por haber instigado y secundado a organizaciones paramilitares", dicen los firmantes entre los que están Richard Durbin (segundo demócrata de más alto rango en la colectividad), John Kerry, ex candidato presidencial, Edward Kennedy y Chris Dodd, autor de la misiva.
Ejemplos
Mencionan, por ejemplo, la absolución del general Rito Alejo del Río, "acusado de crear grupos paramilitares mientras dirigía la Brigada XVII", el rechazo de la Corte Suprema de Justicia en el caso contra el contralmirante (r) Rodrigo Quiñónez con respecto a la masacre de Chengue, y la fuga, aparentemente premeditada, de un militar implicado en el atentado contra el congresista William Borja.
Resaltan, además, que pese a que un fallo de la Procuraduría responsabilizó en el 2002 a la Fuerza Aérea por el bombardeo de Santo Domingo (Tame) en 1998 "ningún miembro de la FAC ha sido enjuiciado o condenado por este hecho".
Citan, a su vez, un informe de la ONU en el que se afirma que durante el 2004 "se observó un incremento … de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso" por parte de funcionarios públicos, incluyendo la Fuerza Pública y el hecho de que el Ministerio de Defensa no esté utilizando la "suspensión preventiva" para marginar del servicio a miembros de la Fuerza Pública "implicados en casos de violaciones de los DD.HH.".
Otras demoras en la ayuda
En dos ocasiones anteriores la ayuda militar para Colombia se ha visto interrumpida temporalmente.
En una primera ocasión el Departamento de Estado bloqueó la entrega de fondos a la Base Área de Palanqueros (Puerto Salgar), por el caso de Santo Domingo.
La segunda fue cuando la oficina del senador Patrick Leahy se interpuso a la entrega de fondos para las Fuerzas Armadas porque a su juicio Colombia no había cumplido con las condiciones de Derechos Humanos. Ese bloqueo se levantó al cabo de dos meses.
En este caso, desde el año pasado no se ha logrado certificar a Colombia porque no han podido demostrar el cumplimiento colombiano en materia de Derechos Humanos.
San José de Apartadó
"Nos encontramos preocupados por el caso de San José de Apartadó..., en donde el 21 de febrero, ocho habitantes de esta comunidad fueron asesinados en dos incidentes separados", dice la carta de los senadores. "Aunque estamos conscientes que no se han presentado testigos claves, seguramente por miedo, la respuesta del gobierno ha sido tal que ahora es menos probable que testigos se presenten para esclarecer los hechos".
Masacre en Tame
Denuncian la masacre de 11 campesinos en Tame en mayo del 2004, a pesar de que allí había presencia militar.
"En abril 2004, al menos 12 indígenas wayú, en La Guajira, fueron asesinados por grupos paramilitares según se informa. A pesar de una alerta dirigida a la Fuerza Pública, parece que no hubo ningún intento de intervención". Dicen que hay denuncias de que algunas de las víctimas fueron entregadas a los ‘paras’ por militares.
Río Jiguiamandó
Argumentan que Amnistía Internacional denuncia que se ha visto a grupos paramilitares trabajando conjuntamente con las tropas de la Brigada XVII amenazando comunidades en la cuenca del río Jiguiamandó y que en una región del Chocó, con el apoyo de la Armada, los ‘paras’ han mantenido una base. "Nos preguntamos cada vez con mayor desconcierto: a quién protege y a quién combate la Fuerza Pública", dice la comunicación.
Crimen de sindicalistas
"El caso del asesinato de tres sindicalistas en Arauca por parte de miembros de la XVIII Brigada del Ejército se encuentra entre los pocos casos donde se ha visto avance, debido en parte a los esfuerzos del Departamento de Estado", explica la carta de los senadores.
"Sin embargo, hasta la fecha no se han abierto procesos en contra de ningún funcionario por ocultar el crimen", argumentan. Este hecho ocurrió el 5 de agosto del año pasado.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON