Resulta difícil no reaccionar ante el artículo de Jacques Thomet “La verdad sobre las FARC surge al fin” (Le Monde, 9 de enero). Para quien conoce, aunque sólo sea un poco la situación colombiana, la lectura de ese artículo sólo puede provocar estupor e ira. Mientras el autor realiza un retrato especialmente elogioso de un presidente colombiano que lo habría intentado todo para liberar a los rehenes de manos de las FARC, lanza acusaciones contra la familia de Ingrid Betancourt.

Según este antiguo director de la AFP en Colombia, el presidente Álvaro Uribe Vélez habría sido víctima de una operación de “diabolización”, orquestada por el gobierno y los medios franceses. Acusa a la familia Betancourt de haber “vilipendiado” constantemente al presidente colombiano mientras disculpa a la guerrilla de su responsabilidad en el secuestro de civiles. ¿Quién puede creer que la familia de Ingrid Betancourt no ha condenado nunca la crueldad y la injusticia de las FARC? Durante todos estos años, los parientes de la antigua senadora franco-colombiana han denunciado, siempre, esta práctica abjecta de los secuestros. Las FARC,con los secuestros generalizados, han perdido todo crédito político, desde hace bastante tiempo.

Nadie pone en tela de juicio esta deriva criminal de la guerrilla, la cual comienza en los años 80 cuando decide financiarse gracias al dinero proveniente del tráfico de drogas, el cual inunda al país. Entonces las FARC se cortan del resto de la sociedad colombiana. El proyecto revolucionario es reemplazado por una lucha militarista. Este combate para acrecentar el dominio territorial va acompañado de violaciones masivas a los derechos humanos. Hoy, nadie defiende seriamente la visión de una guerrilla “romántica” en Colombia. El episodio del pequeño Emmanuel es un ejemplo más de cinismo del cual hace gala este movimiento. Esta verdad sobre las FARC nunca ha sido escondida, como lo pretende Jacques Thomet, quien intenta hacer aparecer al presidente colombiano como un demócrata ejemplar, víctima de las mentiras de las FARC, relevados en el extranjero por la familia Betancourt y las autoridades francesas.

Pero esta presentación de la situación colombiana, verdadero panegírico pro-Uribe, no resiste al examen. Para convencerse de ello, es preciso revisar la trayectoria del presidente colombiano. Pues, contrariamente a la tesis avanzada por Jacques Thomet, la violencia política que asola Colombia no se resume únicamente en las FARC. Desde hace veinte años, so pretexto de luchar contra la guerrilla, milicias paramilitares de extrema derecha han cometido crímenes masivos contra la población. En estos últimos meses, han sido descubiertas fosas comunes en todas las regiones del país. El fiscal general de Colombia afirmó que podrían contener los restos de unos 10 mil civiles, asesinados por estos grupos paramilitares.

Líderes populares, sindicalistas, jueces, defensores de los derechos humanos, periodistas: los paramilitares dirigieron sus ataques contra toda forma de oposición política o social, con una crueldad increíble. La prensa colombiana ha revelado cómo los jefes paramilitares generalizaron la tortura, capacitando a sus hombres en desmembrar vivas a las víctimas.

Los últimos informes, de las investigaciones hechas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la FIDH, muestran cómo las fuerzas de seguridad colombianas han enmarcado, coordinado y más, participado en las masacres paramilitares. Los testimonios de las víctimas concuerdan, masivos, abrumadores. Oficiales superiores del ejército “subcontrataron” con las milicias, el cuidado de llevar a cabo impunemente esta guerra “sucia”.

Mas, los paramilitares no se limitaron a ese trabajo de represión. Construyeron una temible organización mafiosa, la cual controla lo esencial del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Al infiltrarse en el aparato estatal, los paramilitares han podido prosperar en su tráfico y generalizar el desvío de fondos públicos gracias a la complicidad de una parte de la clase política en el poder.

Ahora bien, lo que Jacques Thomet omite en su artículo, es que la carrera del presidente Uribe está estrechamente ligada a esta expansión del narco-paramilitarismo. En un informe de la DIA (Defense Intelligence Agency) que data de 1991, los servicios de inteligencia militar de los Estados Unidos presentaban a Álvaro Uribe Vélez, a la sazón senador en el Congreso, como “un político que ocupaba una de las más altas instancias del gobierno y colaborador del cartel de Pablo Escobar.” Algunos años más tarde, como gobernador de la región de Medellín, Álvaro Uribe Vélez autorizó la formación de cooperativas de seguridad privadas que servían en realidad de cobertura legal a grupos paramilitares poblados de matones de la mafia. En su artículo, Jacques Thomet escribe que el padre del presidente del presidente colombiano fue abatido por las FARC. Cierto, pero ¿por qué no menciona que este último estaba ligado con ciertos padrinos de la droga del cartel de Medellín? ¿Qué se encontró un helicóptero que pertenecía a la familia Uribe en un inmenso laboratorio de cocaína?

¿Por qué no recordar que el antiguo jefe de los servicios de inteligencia, cercano al presidente Uribe, está detenido actualmente por su colaboración activa con los paramilitares? ¿Por qué omitir el hecho de que los paramilitares han gozado de apoyo de amplios sectores de la clase política colombiana? Este año, a pesar de las amenazas, los jueces de la Corte Suprema han ordenado el arresto de catorce diputados y senadores. Todos cercanos al presidente Uribe. Acusados de haber falseado los escrutinios electorales, ordenado asesinatos y servido a los intereses de grupos paramilitares desde el Parlamento.

Desde el 2005, el presidente Uribe ha puesto todo su empeño para conseguir una amnistía general para los paramilitares adoptando la ley llamada de justicia y paz. En efecto, esta ley prevé para los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, penas irrisorias a cambio de su desmovilización. La situación colombiana es compleja, su violencia multiforme, difícil de describir algunas veces. Pero, presentar la guerrilla como “el diablo” intentando limpiar un presidente comprometido con la empresa criminal del paramilitarismo es algo inaceptable. El exigir la liberación de Ingrid Betancourt y de todos los rehenes retenidos por la guerrilla en condiciones inhumanas, no puede servir para exonerar al Estado colombiano de su responsabilidad en el desencadenamiento de la violencia que existe en el país.