Más de una decena de políticos colombianos acordó en el 2001 cooperar con criminales paramilitares de ultraderecha, informó un documento revelado el viernes, alimentando el peor escándalo político en años.

Tres miembros actuales de la coalición que apoya en el Congreso al presidente Alvaro Uribe han sido enviados a prisión por sus vínculos con los grupos paramilitares de ultraderecha, y más legisladores estuvieron bajo investigación antes de que el desmovilizado líder paramilitar, Salvatore Mancuso, entregara el documento como parte de su caso judicial.

Firmado por jefes paramilitares incluido Mancuso, que esta semana admitió que ordenó masacres y 336 asesinatos en nombre de la lucha contra los rebeldes de extrema izquierda, el documento además lleva las firmas de 11 miembros del Congreso, dos gobernadores y cinco alcaldes de la región de la Costa Atlántica.

En el documento, firmado por representantes de las distintas fuerzas políticas excepto por los del mayor partido de oposición, el izquierdista Polo Democrático, se hace un compromiso de "refundar nuestra patria" y "firmar un nuevo contrato social."

"Hemos empezado a ver algo que había permanecido por mucho tiempo como un secreto a voces: que muchos políticos del norte de Colombia estaban bajo la influencia de los paramilitares," dijo el comentarista político Ricardo Avila.

"De buena o mala gana, ellos siguieron sus instrucciones," agregó.

Algunos legisladores declararon el viernes a medios de prensa locales que firmaron el documento prácticamente con un fusil apuntando a sus cabezas, y para no poner en riesgo sus vidas ni las de sus familias.

Los grupos de paramilitares de ultraderecha fueron fundados en la década de 1980 para proteger inmensas propiedades y haciendas de las amenazas, chantajes y sabotajes de las guerrillas izquierdistas.

Tanto los paramilitares como sus archienemigos, las guerrillas izquierdistas, son calificados de "terroristas" por Washington, que también los acusa de nutrir sus actividades ilegales con el narcotráfico.

Más de 31.000 paramilitares, incluido Mancuso, entregaron sus armas y se desmovilizaron al gobierno, para recibir beneficios legales, que contemplan menos tiempo en prisión.

Miles de personas mueren y son desplazados cada año en el conflicto armado más extenso del hemisferio.

Los partidos de oposición a Uribe han tomado el "para-escándalo" como un "caballo de batalla" para tomar ventaja, en un año en el que los colombianos irán a las urnas a elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

"Esta es una evidencia concreta, no que el presidente sea un mafioso, sino que sus más cercanos colaboradores sí lo son," dijo a Reuters en una reciente entrevista el senador del Polo Democrático Gustavo Petro, que ha calificado a su movimiento de partido "antimafia."

Pero Uribe, quien ganó un histórico segundo mandato consecutivo basado en su arremetida contra la guerrilla izquierdista, terminó el 2006 con un 63 por ciento de popularidad, un nivel que parece mantener.

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