En los últimos 15 años, 1.121 personas perdieron la vida por acción de estos explosivos. Otras 3.397 sufrieron heridas que les costaron amputaciones de extremidades inferiores y daños psicológicos. La atención de una víctima puede costar hasta $70 millones. Las minas antipersonales y las municiones abandonas sin explotar continúan causando estragos en el país. Y a pesar de los operativos de la Fuerza Pública para retirar estos artefactos de los campos, el número de víctimas sigue en aumento.

Según el Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República, 1.018 colombianos resultaron afectados por estas armas de guerra durante el año pasado. Del total de víctimas, 280 perdieron la vida y 738 sufrieron heridas que les ocasionaron la amputación de extremidades inferiores y daños pcisológicos, principalmente.

Pero según el vicepresidente Francisco Santos, las estadísticas podrán incrementarse como consecuencia de la intensificación del conflicto armado. “En cuestión de minas tenemos que prepararnos para el futuro”, dijo Santos, tras acusar a las Farc de haber incrementado la siembra de minas en el país.

Hoy, según estimativos del Ministerio de Defensa y del Observatorio de Minas, 31 de los 32 departamentos del país —sólo se excluye a San Andrés y Providencia— tienen territorios sembrados de explosivos.

El registro estadístico, que comenzó en 1990, muestra que en todos los departamentos, e incluso en la capital de la República, se han presentado eventos con las llamadas minas "quiebrapatas".

En ese lapso de quince años han ocurrido 4.518 incidentes con minas antipersonales y municiones abandonadas (bombas o granadas) con un saldo de 1.121 muertos y 3.397 heridos.

Los registros señalan que del total de afectados 2.894 corresponden a miembros de la Fuerza Pública; 1.574 a civiles, y sólo 39 a miembros de los grupos armados ilegales.

El departamento más afectado por dichos artefactos es Antioquia, con 1.766 casos. Le siguen Santander, con 657, y Meta, con 632. En el Valle del Cauca se contabilizan 92 accidentes e incidentes desde 1990.

El municipio del país más golpeado por estos explosivos es San Francisco, en Antioquia, con 163 eventos. El año pasado las autoridades reportaron un total de 1.424 casos, 431 menos que en el 2004. A pesar de esa reducción en el número de casos, la cifra de víctimas aumentó en 144, especialmente en los miembros de la Fuerza Pública (132 más), hecho que se explica por el incremento de los operativos contra la guerrilla.

El número

479 niños han sido víctimas de las minas "quiebrapatas" desde 1990 en Colombia, según datos de la Vicepresidencia.

Las autoridades calculan que en cerca de 450 de los 1.098 municipios colombianos existen campos minados y, según el vicepresidente Santos, hay 60 localidades en zonas con presencia de grupos armados que se encuentran en alto riesgo.

Los Montes de María, el oriente antioqueño y las serranías de San Lucas y La Macarena son los lugares con mayor problema por la existencia de minas.

La erradicación. En cumplimiento de lo acordado en la Convención de Otawa sobre la prohibición, empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, el Estado colombiano está comprometido en la erradicación de esta clase de artefactos.

Por ello, en marzo del presente año fueron inutilizadas y destruidas todas las minas que se encontraban en los almacenes de las unidades militares. El más reciente desminado se cumplió el pasado 15 de diciembre, cuando fueron retiradas las 290 minas de los alrededores de una base de la Armada cerca a Cartagena.

Paralelamente, mientras el Estado invierte millones en el desminado, la guerrilla continúa sembrando estos letales artefactos a lo largo y ancho del país.

Una de las mayores dificultades que afronta el Gobierno para cumplir con el plan de desminado son los costos. La dotación de un grupo de diez personas expertas puede costar $250 millones, sin incluir los recursos para capacitación. Además, mientras una mina puede conseguirse en $12.000, su desmonte y desactivación cuesta cerca de dos millones de pesos.

La salud es otro sector afectado por los accidentes con minas "quiebrapatas". Según Jorge Iván Ospina, director del Hospital Universitario del Valle —en donde funciona el centro más moderno del país para atender a las víctimas de las minas— la sola asistencia médica y hospitalaria de un herido por estos artefactos puede oscilar entre $1.200.000 y $70.000.000.

“Quería ser un atleta”

Édgar Moreno Moreno, un hombre de 31 años, perdió su pierna izquierda por pisar una mina. Tenía 16 años. Este es su testimonio.

“Sólo tenía 16 años cuando pisé accidentalmente una mina "quiebrapatas". Eso fue el 1 de enero de 1992. Me destrocé la pierna izquierda y tuvieron que amputármela. Trabajaba como ordeñador en una finca, en Carmen de Chucurí, en Santander. Esta zona era un paso obligado de la guerrilla y del Ejército, por lo que la insurgencia había minado el campo. La gravedad de las heridas hizo que me trasladaran del centro de salud del Carmen de Chucurí a Barrancabermeja, para que me hicieran la amputación. La recuperación física y psicológica fue traumática y tardé dos años en ese proceso. Pero ya no siento rencor con la guerrilla. Me he superado y ahora ayudo a víctimas de este flagelo desde mi lugar de trabajo, en el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República. Quería ser un gran atleta porque siempre he amado el deporte, pero a cambio soy ciclista. Pedaleo con la pierna que me quedó y el año pasado fui campeón de velocidad de Colombia. Sueño con ser campeón paralímpico algún día”.