Un grupo de ex diputados colombianos secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2002 espera que Venezuela les conceda asilo político para conseguir su liberación, una iniciativa avalada por el presidente colombiano, Alvaro Uribe.

La petición de asilo ante el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, la gestionará el ex ministro colombiano Alvaro Leyva Durán, quien espera entregar noticias el próximo miércoles, cuando presente su candidatura oficial a la Presidencia de la República.

'El Gobierno acepta que vayan en cualquier condición que ellos deseen a la hermana República Bolivariana de Venezuela', dijo el presidente Uribe desde La Paz, donde asiste hoy a la investidura de Evo Morales como presidente de Bolivia.

Uribe agregó que 'si la condición es el asilo, el Gobierno (colombiano) no objeta, y estamos seguros de que el presidente (Hugo) Chávez, lo concederá'.

La petición de asilo político ante el Gobierno de Venezuela aparece en un vídeo de los cautivos de las FARC, que entregó ayer, sábado, al 'Canal Caracol' en Cali, ciudad del suroeste en la que se produjo el secuestro de los políticos.

La cinta, de casi una hora de duración, fue grabada, al parecer, en diciembre del año pasado, pues en ella varios de los secuestrados envían mensajes navideños a sus familiares.

El documento audiovisual se constituye, además, como prueba de supervivencia de los políticos, pues sus familiares no recibían señales de ellos desde octubre del 2004.

En el vídeo, el diputado Juan Carlos Narváez, quien al igual que los otros once políticos fue secuestrado en abril del 2002, dice que 'le imploro al pueblo y al Gobierno de Venezuela que me concedan el asilo político como opción de libertad, solicitando a las FARC no impedir esta petición y proceder con mi entrega a esa nación hermana, dado el desinterés del Estado colombiano en mi situación'.

El legislador aparece en la cinta leyendo la propuesta, que apoyan otros ex diputados secuestrados como Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Alberto Quintero, Carlos Alberto Barragán y Edison Pérez.

A su turno, y respaldando la propuesta, el diputado Nacianceno Orozco asegura que la iniciativa de acudir a Venezuela responde a 'la indiferencia del Gobierno nacional y de las FARC por llegar a un acuerdo que facilite nuestra liberación'.

Sigifredo López, otro de los ex diputados secuestrados, dice: 'Señor Presidente, haga el acuerdo humanitario. No lo haga por las FARC, hágalo por las víctimas de este secuestro eterno'.

A su vez, Edison Pérez denuncia ante 'la opinión pública, nacional e internacional, que en las selvas colombianas se consume la vida de quienes desde hace muchos años hemos perdido la libertad en la condición infame de rehenes, sin avizorar solución alguna, pues ni el Gobierno, y ni las FARC tienen voluntad de concretar un acuerdo'.

Fabiola Perdomo, portavoz de las familias de los secuestrados y esposa de Juan Carlos Narváez, afirmó que harán todas las gestiones que conduzcan a la liberación de sus seres queridos, porque la propuesta de pedir asilo político es interesante.

La Iglesia católica, por medio del secretario general de la Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Fabián Marulanda, pidió a las FARC liberar de inmediato a todos los secuestrados que tiene en su poder, 'e ir mucho más lejos de enviar pruebas de supervivencia'.

Las FARC manifestaron, a comienzos de este año, que mientras Alvaro Uribe sea presidente de Colombia no habrá intercambio humanitario.

Los rebeldes acusan a Uribe de explotar electoralmente una propuesta de Francia, España y Suiza que pidieron desmilitarizar una aldea del suroeste colombiano para negociar el canje. El presidente colombiano accedió a esa iniciativa, pero las FARC la rechazaron.

Las FARC tienen en su poder a un grupo de cerca de 60 personas a las que, mediante el canje, dejarán en libertad siempre y cuando el Gobierno colombiano libere más de medio millar de guerrilleros presos, incluidos dos extraditados a Estados Unidos.

Entre los canjeables figuran 22 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, además de 34 miembros de la Fuerza Pública y tres estadounidenses.