Human Rights Watch (HRW) juzga que el proceso de desmovilización paramilitar que realiza el gobierno del presidente Álvaro Uribe no soluciona el problema.

La organización de defensa de derechos humanos asegura que el gobierno colombiano no impone condiciones satisfactorias a los paramilitares, quienes lograrían así que sus crímenes queden impunes e, incluso, podrían legitimar riquezas producto de sus acciones irregulares.

En un informe presentado este martes en su sede en Washington, Human Rights Watch critica que la única condición que se le exige a un combatiente paramilitar para desmovilizarse sea dar su nombre y entregar el arma.

"Ni siquiera tienen que confesar", se quejó el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, durante la presentación de la investigación. Insiste en que los irregulares deben responder por sus excesos de manera colectiva y no como individuos, que es lo que está planteado.

Por eso, HRW considera que la propuesta del Senado colombiano permitiría desmantelar a los grupos porque, a diferencia del plan del poder ejecutivo, condiciona los beneficios a la confesión, la cooperación con las autoridades, la reparación a las víctimas y la entrega de bienes ilícitos.

Lanzó una advertencia a la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, de no apoyar la desmovilización hasta que no se cumplan garantías suficientes.

Está previsto que en febrero se realice una reunión de donantes en Cartagena de Indias, Colombia, para coordinar apoyo financiero para cubrir los gastos de reinserción de los que dejen las armas.

Vivanco explicó al corresponsal de la BBC en Washington, Carlos Chirinos por qué dudan de las bondades del proceso.

El problema central es asegurarse que esa desmovilización sea genuina. Pero las propuestas que hasta ahora ha realizado el gobierno están por debajo de lo aceptable.

(En cambio), creemos que una propuesta que hace el Senado, sí impone precondiciones que ayudarían a desmovilizar esta gente.

¿Ustedes descartarían la propuesta del gobierno y tomarían la del Senado como base?

Nos parece que la propuesta del senador (Rafael) Pardo se ajusta a las necesidades de Colombia y a los estándares internacionales, a diferencia de la que hace el gobierno que no garantiza la desmovilización de los paramilitares, ni justicia para las víctimas.

Pero si se ponen demasiadas trabas puede hacerse poco atractivo el proceso para quienes se van a desmovilizar.

Creo que la sociedad colombiana y la comunidad internacional puede ser increíblemente generosa, pero no ha cambio de nada. Nadie está obligado a apoyar un proceso donde evidentemente no hay una voluntad real de desmovilización.

Pero no sería a cambio de nada, porque sería a cambio de sacar de escena a un grupo armado.

El problema es que en las condiciones en que esto se está haciendo, tanto políticas como jurídicas, no creemos que eso se pueda conseguir. Al contrario lo que está garantizado es el riesgo del reciclaje.

¿Cuál puede ser el interés del gobierno en tratar con guante de seda a gente que al fin y al cabo son enemigos del Estado?

A nuestro juicio el gobierno negocia desde una posición de debilidad, no de poder. Para que esto tenga sentido el gobierno de Colombia debe poner condiciones mínimas y no simplemente tratar de hacer ajustes o maquillajes a propuestas que vienen de los paramilitares.

¿Qué es lo que impide que el gobierno adopte una posición más firme, no lo sabemos?

Creemos que Colombia está perdiendo una gran oportunidad.