El presidente Uribe cambia de postura al cumplirse cinco años del secuestro de Ingrid Betancourt

El Gobierno de Colombia autorizó ayer a los familiares de personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a dialogar con esa guerrilla y gestionar la liberación de los rehenes. La medida supone un cambio en la postura mantenida durante más de cuatro años por el presidente Uribe. Las FARC tienen secuestradas desde hace diez años a por lo menos 1.100 personas, entre ellas 57 políticos, soldados y policías.El presidente colombiano, Álvaro Uribe, cambió ayer de postura y autorizó a los familiares de los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a tener un contacto directo tendente a su liberación.

El cambio de postura se produjo cuando se conmemoraban cinco años del secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que forma parte del grupo de 57 políticos, soldados y policías que el movimiento insurgente aspira a canjear por 500 rebeldes presos.

El anuncio se hizo sólo dos días después de que las FARC rechazaran al Gobierno como «interlocutor válido» para hablar de un acuerdo humanitario de intercambio de rehenes, ante el escándalo de parlamentarios aliados de Uribe detenidos por nexos con paramilitares. Esa descalificación de las FARC irritó al mandatario, quien pidió a las Fuerzas Militares «arreciar» sus acciones contra los alzados en armas.

Uribe, elegido por primera vez en 2002 y reelegido en 2006, ofreció estudiar el acuerdo humanitario, pero se opone a desmilitarizar áreas para hablar de ese acuerdo, como reclaman las FARC. El mandatario autorizó a «buscar un contacto directo» a Lucy Artunduaga, esposa del ex senador Jorge Eduardo Gechen Turbay, quien está cautivo desde febrero de 2002.

Este secuestro, perpetrado en un avión comercial que fue obligado a aterrizar en una carretera del Huila, en el Suroeste, precipitó la ruptura de las negociaciones de paz que celebraba con las FARC desde 1999 el entonces presidente, Andrés Pastrana.

La autorización para diálogos «sin intermediarios», como precisó un comunicado presidencial, resulta contradictoria frente a las afirmaciones hechas la víspera por el mandatario, que pidió a las fuerzas estatales combatir a los «bandidos» de las FARC.

El cambio de postura parece ser una respuesta del Gobierno al clamor de los familiares de los cautivos y a las críticas formuladas en otros países a la «falta de voluntad» para lograr el acuerdo humanitario y a los anuncios del Ejecutivo de que buscará un rescate militar.

Por otro lado, el Gobierno aseguró haber intentado contactos con las FARC por medio de un «emisario», que no ha sido identificado y de cuya existencia han dudado algunos expertos. «Autorizamos una gestión de buena voluntad y lo que hemos recibido es una amenaza. Por lo tanto, la reacción del Gobierno es arreciar para derrotar a estos bandidos», manifestó Uribe el jueves.

Pese a las tormentosas relaciones verbales entre Uribe y los cabecillas de las FARC, el año pasado hubo contactos auspiciados por España, Francia y Suiza, que lograron algún avance, pero el mandatario los rompió abruptamente en octubre al acusar a los rebeldes de un atentado en una escuela militar de Bogotá.

«Las FARC dicen que para hablar de acuerdo humanitario hay que despejar militarmente y de manera incondicional (dos pueblos), lo que no podemos aceptar», expreso Uribe el jueves.

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