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Informe revela más de 51.000 desapariciones en Colombia

18/12/2010 - El Nuevo Herald, El Tiempo, Caracol Radio, IPS

Colombia es el país de América Latina con el mayor número de desapariciones forzadas, superando las estadísticas de la guerra sucia en Argentina y la dictadura chilena, según un informe de dos organizaciones no gubernamentales de Washington.

De acuerdo con el reporte Rompiendo el silencio, hasta noviembre de este año las estadísticas del gobierno de Colombia registran más de 51,000 desapariciones, cifra que incluye a personas que podrían estar vivas, en tanto que la Fiscalía General habla de más de 32,000 "desapariciones forzadas''.

El saldo en Argentina fue de 30,000 y en Chile de 3,000.

"Colombia tiene uno de los índices de desapariciones forzadas más altos del mundo'', concluyó el estudio preparado por Latin America Working Group Education Fund y US Office on Colombia.

El reporte señala que el fenómeno de los desaparecidos en Colombia no ha recibido la atención que merece por una cruel ironía: "El número de víctimas de asesinatos, masacres, homicidios y bajas en combate -- en los que existen cuerpos -- es tan alto que las desapariciones quedan fuera del foco de interés''.

Agregó que ha contribuido también a esta falta de notoriedad del drama "la habilidad del gobierno en proyectar una imagen de éxito'' del país.

No obstante reconoce que desde el 2007 el gobierno ha mejorado el sistema de registro de las desapariciones forzadas.

Aunque hay casos que se remontan a 1938, el estudio se concentra en tres décadas que van desde los desaparecidos en la recuperación militar del Palacio de Justicia en 1982, hasta los "falsos positivos'', un escándalo que estalló el año pasado. Los falsos positivos son ejecuciones de civiles atribuidas a las fuerzas militares en las que las víctimas son presentadas como guerrilleros muertos en combate.

Entre las víctimas más frecuentes, indicó el estudio, hay defensores de derechos humanos, sindicalistas, afrocolombianos, indígenas, y niños y adolescentes de zonas rurales en conflicto.

"A las desapariciones forzadas se las ha utilizado como una herramienta para controlar comunidades y silenciar el disenso eliminando a los dirigentes de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de la oposición política, e infundiendo miedo entre las familias de las víctimas, comunidades y organizaciones'', indicó el estudio que contó además con el apoyo de la fundación Open Society.

No sólo las fuerzas militares y paramilitares son las señaladas de estar detrás de las desapariciones. A las guerrillas también se les atribuyen esta modalidad y múltiples asesinatos.

Según el estudio, el número de desapariciones aumentó entre 1993 y el 2003, disminuyó entre el 2004 y el 2006 y luego aumentó a más del doble en el 2007, "disminuyendo levemente pero manteniéndose en un porcentaje considerablemente alto hasta la fecha''.

El Nuevo Herald no logró comunicarse el lunes con la portavoz de la vicepresidencia de Colombia, oficina que tramita los temas de derechos humanos.

El reporte toca un tema controversial: el cementerio de La Macarena en el departamento del Meta, centro de Colombia. El cementerio está ubicado cerca de las instalaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) del Ejército y fue un tema de polémica entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y organizaciones de derechos humanos en torno a la identidad de quienes están allí enterrados.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sostiene que en este cementerio hay aproximadamente 446 cuerpos de personas que las fuerzas de seguridad afirman que murieron en combate entre marzo del 2002 y junio del 2010, y que fueron enterradas como "NN'' o sin nombre.

Pero, agregó el reporte, la Fiscalía tiene algunos indicios de que "muchos de los NN no son de la zona adyacente sino que fueron traídos de más lejos''.

Uribe rechazó en forma vehemente las versiones que identifican este cementerio como una nueva evidencia de falsos positivos durante una audiencia pública en julio, días después de la visita de una comisión de derechos humanos y parlamentarios europeos.

"Aquí vinieron los enemigos de la seguridad democrática hace pocos días, a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria'', advirtió Uribe. "El terrorismo usa esa combinación de formas de lucha. Mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública y como la sindica de violación de derechos humanos''.

Aunque no hay conclusiones definitivas sobre el cementerio, el reporte señaló que la práctica de no identificar a los guerrilleros muertos en combate, sin exámenes médicos para determinar la causa de la muerte y sin informar a las autoridades, "sigue constituyendo una violación a las leyes de Colombia y a las normas humanitarias internacionales''.

El estudio se hace eco de una observación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que señaló que la falta de transparencia en cuanto a la procedencia de los cadáveres, su identidad y las circunstancias de la muerte de las personas que están enterradas sin identificación en el cementerio de La Macarena "es particularmente inquietante en vista de la práctica habitual de ejecuciones extrajudiciales que se da en el país''



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