Los ex comandantes de los desmovilizados escuadrones paramilitares colombianos de ultraderecha rompieron el miércoles de forma unilateral el proceso de paz, después de que se declararon traicionados por el gobierno, que ordenó su traslado de prisión.

"Le notificamos directamente al señor comisionado de paz que este proceso se da por terminado", dijo a la televisión Iván Roberto Duque, uno de los ex jefes de los escuadrones paramilitares, desde la cárcel de alta seguridad de Itaguí, donde permanece confinado con otros 58 antiguos jefes.

La notificación sobre la ruptura se produjo durante un encuentro del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, con los ex comandantes paramilitares.

"Un proceso donde no hay confianza, un proceso donde medien los engaños, los incumplimientos, la falta de compromisos y un proceso que se mueve de acuerdo con las coyunturas políticas del país, no puede de ninguna manera asegurar la paz", sostuvo Duque.

No quedó claro de inmediato cuál será el efecto de la ruptura del proceso de paz, debido a que los escuadrones de ultraderecha desmontaron sus estructuras militares y más de 31.000 de sus combatientes entregaron las armas.

La ruptura del proceso se produce en medio del escándalo político que sacude a Colombia por los supuestos nexos de diputados con los escuadrones de ultraderecha, que surgieron en la década de 1980 con el apoyo de ganaderos, comerciantes y terratenientes perseguidos por la guerrilla izquierdista.

El ministro del Interior, Carlos Holguín, negó que el gobierno haya incumplido los acuerdos, mientras que la oficina del alto comisionado anunció que pese a la decisión de los ex paramilitares se les aplicará una ley que se acordó en el proceso y que establece una sentencia máxima de ocho años de prisión.

TRASLADO DE PRISION DESATO CRISIS

La mayoría de antiguos líderes de esos grupos están acusados de asesinatos, masacres, secuestros y torturas, por lo que grupos de derechos humanos sostienen que la legislación que se acordó es demasiado benévola y frágil.

Los ex comandantes paramilitares permanecían confinados en un lugar especial y gozaban de privilegios como teléfonos móviles, dormitorios con televisión vía satélite, nevera, ordenador y acceso a internet.

Pero con el traslado, que el gobierno justificó en un posible plan de fuga y en presuntas actividades ilegales de algunos de los internos -negadas por ellos-, perdieron todos esos beneficios.

Los antiguos comandantes de esos escuadrones anunciaron que están dispuestos a revelar ante la justicia los nexos que tuvieron políticos, empresarios y otros sectores con los paramilitares.

Colombia afronta un sangriento conflicto interno de más de cuatro décadas, en el que los paramilitares cometieron miles de asesinatos y crímenes en medio de su guerra contra la guerrilla izquierdista, a la que desalojaron de varias regiones del país donde consolidaron dominios militares y políticos.

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