El gobierno colombiano trasladó este viernes a una prisión de alta seguridad en Itagüí, un municipio vecino de Medellín, a 59 jefes paramilitares que estaban recluidos desde mediados de agosto último en un centro vacacional acondicionado como cárcel.

El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, justificó en Bogotá la decisión en la existencia de "persistentes" versiones sobre "una posibilidad de fuga" por parte de quienes se encontraban en la improvisada cárcel de La Ceja, otra población cercana a Medellín.

"No hemos tenido sino versiones e informaciones de fuentes fidedignas, confiables y muy reiteradas en las últimas horas de una posibilidad de fuga", explicó el ministro.

Holguín también explicó que la medida se adoptó para "garantizar su seguridad (de los paramilitares) y la seguridad de todos".

La decisión del gobierno, que se adoptó al mediodía del viernes y se ejecutó seis horas después, produjo protestas por parte de varios de los jefes paramilitares que se acogieron a una ley que les rebaja a cinco y ocho años las penas por crímenes de lesa humanidad.

Asesinatos

Antes de ser trasladados en una caravana de furgones fuertemente escoltados por la policía y el ejército, "Gordo Lindo", uno de los paramilitares presos, pidió telefónicamente la presencia de delegados de la Iglesia Católica y de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que acompaña el proceso de paz con esos grupos armados de derecha.

El ministro del Interior confirmó que recibió una llamada del jefe de la Misión de la OEA, Sergio Caramagna, y dijo que le explicó los motivos del traslado.

En otras ciudades del país con fuerte influencia de los grupos paramilitares, como Valledupar, la capital del Cesar, voceros de los desmovilizados dijeron que el traslado a una prisión de alta seguridad violaba los compromisos con sus antiguos jefes.

La decisión se adoptó pocos días después de los asesinatos de dos importantes paramilitares: el segundo al mando en el grupo de "Jorge 40" (ex jefe del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia) y Daniel.

A raíz de esos crímenes, el presidente Álvaro Uribe dijo públicamente que, si se llegaba a comprobar que los mismos habían sido ordenados por personas favorecidas por la ley de rebaja de penas, sus responsables podrían perder los beneficios jurídicos, entre ellos la no extradición.

Extradición

Hasta el momento, dos importantes jefes paramilitares tienen suspendidas sus órdenes de extradición a Estados Unidos, donde son pedidos por cargos de narcotráfico: Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", y Salvatore Mancuso.

Entre los trasladados del viernes están Mancuso, "Jorge 40", "Macaco", Ramón Isaza y Ernesto Báez, que se entregaron a las autoridades dos semanas después de que el presidente Uribe comenzó su segundo mandato de cuatro años.

El único jefe paramilitar que no está preso es Vicente Castaño, hermano del fallecido Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la prisión de alta seguridad de Itagüí ya se encontraba preso desde hace meses "Don Berna".

El traslado de los jefes paramilitares se produjo dos días después de un encendido debate en el Congreso de Colombia a la ministra de relaciones exteriores, María Consuelo Araújo, donde la oposición lanzó duros cuestionamientos al gobierno por el procesamiento de nueve congresistas de su bancada por sus vínculos con los paramilitares.

"Decisión necesaria"

La medida del viernes generó apoyo de los partidos uribistas, a través de la presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, y de la senadora Martha Lucía Ramírez.

Las dos dirigentes dijeron que se trata de una decisión necesaria para fortalecer el proceso de paz con los paramilitares, donde se han desmovilizado unas 40.000 personas.

Al mismo tiempo, voceros del opositor Polo Democrático Alternativo, como el senador Gustavo Petro y el ex ministro Antonio Navarro, se preguntaron si el traslado podría ser una cortina de humo después del debate a la canciller, cuestionada por los señalamientos en contra de tres de sus hermanos, entre ellos el senador Álvaro Araújo, vinculado por la Corte Suprema a una investigación por paramilitarismo.

La reclusión de los jefes paramilitares en la improvisada cárcel de La Ceja había generado fuertes críticas al gobierno.

Este viernes se conoció un informe de la Procuraduría General de la Nación en el que se cuestionaba el régimen interno del centro de reclusión, así como sus medidas de seguridad y el ingreso de personas ajenas al mismo.

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