En Znet, un análisis por Gary Leech (Colombia Journal), de la situación en Colombia en donde se podría ver después de las elecciones presidenciales de mayo una intervención incrementada del ejército estadounidense...

Mientras los principales medios norteamericanos han relatado ampliamente la reciente inculpación por parte del Ministerio americano de Justicia de 50 dirigentes de la guerrilla de las FARC, un anuncio del departamento de Estado realizado al día siguiente se ha mediatizado muy poco de manera sorprendente

El 24 de marzo, la Secretaria de Estado Adjunta, Anne Patterson, explicaba a Radio caracol Colombia que, aún cuando Estados Unidos no previese en la actualidad ninguna acción unilateral para capturar a los jefes de las FARC, Estados Unidos podrían intervenir si los invitara el gobierno colombiano.

Dado que la intervención del gobierno americano en Colombia se extiende ya por todos los campos – excepto el despliegue de tropas de combate, está claro que los comentarios de la señora Patterson tenían la intención de ilustrar la voluntad de la Administración Bush de hacer intervenir a las tropas en Colombia para combatir a las FARC.

La inculpación de los líderes de las FARC ilustra la estrategia de la Administración Bush de pegarles a las FARC la etiqueta de “principales responsables de la violencia y del tráfico de drogas en Colombia.” La realidad sin embargo es muy diferente del retrato hecho por la Administración Bush. La inculpación americana no ha aportado ninguna prueba de que los líderes de las FARC hayan ganado 25 mil millones de dólares gracias al tráfico de droga y serían responsables en un 60% del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.

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Mientras la Administración Bush apunta a las FARC mediatizando la guerra contra la droga, resulta cada vez más evidente que la desmovilización de los paramilitares , alentada por los Estados Unidos, no es más que una fachada. La semana pasada, el responsable paramilitar Iván Roberto Duque, confirmó públicamente por Radio Caracol lo que Amnistía Internacional, Naciones Unidas y numerosos analistas venían denunciando desde hace más de un año: los paramilitares desmovilizados retoman las armas. Según Duque, excombatientes brindan sus servicios a los traficantes de droga o a grupos de “justicia privada” conocidos también bajo el nombre de paramilitares. De ello resulta que el número de asesinatos realizados por los paramilitares en 2005 se duplicó con relación al año anterior.

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Semejante intervención militar americana no implica probablemente un despliegue masivo de tropas en Colombia, estrategia actualmente imposible dado el compromiso del Pentágono en Irak. Más bien implicaría un despliegue de unidades de las Fuerzas especiales del ejército americano para desalojar a los jefes de las FARC de los lugares más retirados de la jungla. En otras palabras, los militares americanos reproducirían la estrategia aplicada actualmente para encontrar a los jefes de Al –Qaida en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.

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Una intervención directa del ejército americano tendría claramente escasa relación con la guerra contra la droga. Después de todo, si tal fuera el verdadero objetivo, la Administración Bush apuntaría hacia los jefes paramilitares de Colombia, quienes según el acuerdo de desmovilización, han sido autorizados para conservar sus circuitos de tráfico de drogas a la vez que se evitaban una extradición hacia los Estados Unidos después de pasar apenas 22 meses de “detención en lujosos “ranchs” en Colombia

Los objetivos reales de una escalada americana tienen sus raíces en la ideología y la economía. La Administración Bush intenta eliminar una rebelión izquierdista que revela ser una amenaza persistente para los intereses económicos norteamericanos y para el aliado más cercano a Washington en la región. Colombia ha resultado ser una fuente de petróleo y carbón cada vez más importante. Estos recursos se sitúan en las regiones rurales en donde las operaciones de las multinacionales siguen siendo vulnerables ante los ataques de los rebeldes. Además no es mera coincidencia si la Administración Bush ha anunciado su intención de incrementar las intervenciones militares americanas menos de un mes después de que los dos países firmaron un acuerdo bilateral de comercio. Las políticas económicas se han restablecido pero entre ellas muchas deben sostenerse militarmente en Colombia debido a la tenacidad de las FARC.

Es improbable que el despliegue de las tropas americanas en Colombia se verifique antes de la elección presidencial de mayo. El sentimiento antiamericano ha crecido en Colombia a raíz de la firma en febrero, del impopular acuerdo comercial. En consecuencia cualquier despliegue antes de mayo de las tropas americanas para luchar en Colombia desbarataría las oportunidades de reelección de Uribe, Si ello debiera producirse pese a todo, el despliegue de las tropas de combate americana empezaría poco después del juramento de Uribe para su segundo mandato. Tal incremento de la presencia militar norteamericana le ayudaría al presidente colombiano a intensificar la estrategia suya que él llama “seguridad democrática” estrategia comenzada hace ya casi cuatro años.