En medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes, Bogotá se prepara para la ceremonia de mañana en la que, por segunda ocasión, Álvaro Uribe Vélez se posesionará como presidente de Colombia.

El presidente pasará a la historia como el único mandatario que logró reformar la Constitución y se reeligió de forma inmediata. En su primer mandato, el gobernante, un enemigo radical de la guerrilla, se caracterizó por su firmeza en su política de seguridad democrática, pero fue débil en su plan social.

Políticamente encarará su segundo periodo con la misma coalición que lo mantuvo en el poder. Él mismo ha dicho que su programa para el país no terminaba el 7 de agosto de 2006 y, ni siquiera, en igual fecha de 2010, cuando completará el período para el que fue reelegido en los comicios del 28 de mayo pasado.

Uribe se instaló hace cuatro años en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, con el convencimiento de que el programa de gobierno que se había trazado necesitaba de una continuidad de, al menos, tres administraciones consecutivas.

Aunque la ceremonia protocolar es mañana, su gestión arrancó desde el pasado 20 de julio con renovados colaboradores y tareas específicas para sus congresistas.

Prioridades

Para los próximos cuatro años, Uribe ha colocado los temas de seguridad ‘democrática’, crecimiento económico y desarrollo social entre sus prioridades.

En el tema de seguridad se prevé que continuará la misma línea de su administración anterior y que, según las estadísticas, lo llevó a bajar el índice de criminalidad [ 9.4% en homicidios, 36.1% en secuestros, 31% en víctimas de masacres]. No obstante, el presidente debe reorientar la política contra el narcotráfico, ya que pese a los esfuerzos, la producción de droga se mantiene.

Sobre las reformas estructurales se prevé una tributaria, la de transferencias a las regiones orientada a quitarle recursos a municipios y departamentos, y una financiera.

También hay una reforma de carácter jurídico que busca ampliar las penas por la posesión de drogas.

El desempleo es otra de las prioridades que el mandatario deberá atender en este periodo. Si bien la tasa de desocupación se redujo de un 16% (3.1 millones de desempleados) en agosto de 2002 a un 10.5% (2.2 millones) en junio pasado, el empleo en condiciones precarias (subempleo) creció de 6.9 millones a 7.2 millones de personas.

Una reforma que flexibilizó la contratación laboral y redujo los costos por ese concepto a los empresarios generó inestabilidad e incertidumbre entre los empleados, cuyos contratos ahora son a término fijo y sin muchas prestaciones sociales.

Mejorar el crecimiento económico es otra de las tareas pendientes de la administración de Uribe. La economía reportó en 2004 y 2005 crecimientos cercanos a un 5%, lo que ha significado importantes beneficios a las empresas, pero hasta ahora no ha significado un mejor reparto de ese crecimiento.

Aliados políticos

Uribe se aseguró de contar con una coalición uribista en el Congreso en la que está Convergencia Ciudadana, movimiento político que está en la mira de la Fiscalía que investiga la procedencia de sus fondos. Senadores y representantes seguidores del Presidente barrieron en las pasadas elecciones.

Para Gabriel Murillo, un analista político de la Universidad de Los Andes, el mandatario colombiano ha demostrado habilidad al congregar fuerzas políticas que dicen representar nuevas corrientes.

Según Murillo, el Presidente tiene el viento a su favor para poder gobernar en los próximos cuatro años. "Tiene una bancada legislativa de su lado, liderazgo y un sólido apoyo de la opinión pública.

Además, de un manejo de las relaciones internacionales que le permite ser amigo de tirios y troyanos", señaló Murillo.

RETOS QUE SUPERAR

En su segunda oportunidad frente al Palacio de Nariño, el presidente colombiano tiene retos importantes en materia de educación, salud y bienestar social para los más pobres.

"Este Gobierno se ha caracterizado por una política social desastrosa, de desempleo y pobreza, de problemas graves de salud y educación", manifestó Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Por su parte, Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, dijo que la inflación, el crecimiento económico y el comercio exterior marchan con buen pie.

Reformas en la mira

Las reformas tributaria y constitucional propuestas por el Presidente han generado debate. Las preocupaciones sobre la primera giran en torno al impuesto de valor agregado que se aplicará sobre la canasta familiar, una reducción en la tarifa del impuesto a las ganancias empresariales y la eliminación de las exenciones para los trabajadores, personas no asalariadas y las empresas.

Según el opositor Robledo, la reforma tributaria implica el subirle, en más de un millón 700 mil dólares, impuestos a los pobres y a la clase media.

Mientras, la constitucional busca un recorte de las transferencias de la nación a los municipios y a los departamentos, dineros con los que se financia en parte la salud y la educación.

La reforma tributaria está empujada por la necesidad de limpiar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal que equivale el 5% del producto interno bruto (PIB).

Justamente por estos días, el Banco de la República ha advertido sobre la urgencia de que el Gobierno trabaje seriamente en achicar el agujero fiscal.

José Obdulio Gaviria, el asesor presidencial, resume la propuesta gubernamental de la siguiente manera: pagarán impuestos aquellos que ganen ingresos por encima de 2 millones 800 mil pesos [cerca de mil 200 dólares, es decir el 2% de los colombianos] y más.

Además, aseguró, el Gobierno está ofreciendo la devolución de la totalidad del IVA pagado por los sectores pobres a cada familia.

El conflicto armado

Este es el reto más difícil del Presidente. Las negociaciones para el proceso con la guerrilla no han podido arrancar. "Falta claridad en términos de las pautas y conductas que van a asumir esos actores, una vez que se defina el proceso de decantamiento de la nueva Ley de Justicia y Paz", explicó Murillo Castaño, de la Universidad de Los Andes.

Durante su primer mandato, la política de seguridad democrática del Presidente se basó en la retoma del control territorial, muchas zonas antes controladas por la guerrilla fueron copadas por el Gobierno. Sin embargo, pese a los esfuerzo la producción de droga es alto.

El gobierno de Uribe también debe encarar el tema de los acuerdos humanitarios en relación con los secuestrados.

Gaviria, el vocero presidencial, aseguró que el problema de la libertad de los secuestrados es un asunto que compete al Estado y este aún es capaz de negociar con los secuestradores a fin de garantizar la libertad y la vida de los secuestrados.

Con una popularidad de casi 70% en las encuestas, algo nunca visto en Colombia, el Presidente deberá demostrarle a 40 millones de personas que puede garantizarle seguridad pública y económica.

PERFIL

ESTILO: El jefe del Estado colombiano, de 54 años, quedó marcado por el asesinato en 1983 de su padre, Alberto Uribe Sierra, al resistirse al secuestro en su hacienda de Antioquia por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su vida pública comenzó a los 24 años, fue jefe de una de las divisiones de las Empresas Públicas de Medellín y más tarde secretario del Ministerio del Trabajo y director de la Aeronáutica Civil, su primer cargo visible.

Después fue alcalde de Medellín, capital de Antioquia y gobernador de ese departamento, considerado el motor industrial del país.

Fue parlamentario en los períodos 1986-90 y 1990-94, cuando obtuvo la distinción de "senador estrella". Al frente de la Gobernación de Antioquia (1995-97) comenzó con su concepción de estado comunitario, que busca la participación ciudadana en decisiones y que continuó en la Presidencia, con iniciativas como una red de informantes de las autoridades.

---