En lo que ha sido considerado como un viraje en su política de paz, el Presidente Àlvaro Uribe Vèlez aceptó hablar con la guerrilla en una pequeña localidad para buscar una salida a un acuerdo humanitario que permita la liberación de centenares de secuestrados en Colombia.

Desde que asumió el poder el 7 de agosto del 2002, Uribe había advertido enfáticamente que no permitiría la desmilitarización de ningún punto de la geografìa nacional, pues ello "desmoralizarìa a las tropas que han librado una guerra sin cuartel contra los grupos alzados en armas".

En diálogo con los periodistas, el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que este miércoles temprano inspeccionará con familiares de secuestrados la vereda Aures, municipio de Caicedonia, departamento del Valle del Cauca, 532 kilòmetros al occidente de Bogotà, donde en un principio se reunirìa con cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para fijar las reglas del intercambio.

Restrepo asegurò que "las condiciones de seguridad para el grupo armado ilegal están dadas" y confió en una pronta respuesta de las Farc a la propuesta del gobierno nacional.

Agregò que "nosotros creemos que aplicando una metodología sencilla en cuestión de pocos días, cinco, ocho como máximo podemos encontrar con las Farc una formula viable, aceptable para el país".

Al principio se había considerado como punto de encuentro a los municipios de Florida y Pradera, tambièn en el Valle del Cauca, para adelantar diálogos, pero fue considerado por el gobierno como "poco viable".

El pasado miércoles, en una carta abierta dirigida al ex presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), la guerrilla insistió en la desmilitarizaciòn de esas localidades y advirtió que "sin esta garantía, a otorgar por el señor (Presidente ) Alvaro Uribe, resulta estéril el terreno a recorrer". La nota también fue enviada al Procurador General Edgardo Maya y al ex ministro Álvaro Leyva y en ella ratificaron su "inquebrantable voluntad política de acudir a firmar el canje de prisioneros con el gobierno``.

El 26 de julio, el gobierno notificó a los alzados en armas que está dispuesto a dialogar con ellos "cuando quieran y donde quieran, con unas condiciones de seguridad que les den confianza, con acompañamiento nacional o internacional como ellos lo decidan".

Todo lo anterior ocurre 48 horas despuès que James McGovern, Raúl Grijalva y Tammy Baldwin, congresistas demócratas de Estados Unidos, le solicitaron al Presidente Uribe que “haga un esfuerzo para negociar un acuerdo humanitario”.

En la carta enviada al Presidente los tres legisladores expresaron su preocupación porque se repitan situaciones como el rescate fallido en mayo del 2003 del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, en el que los secuestrados perdieron sus vidas.

“Si bien entendemos que el retiro temporal de la presencia militar no es la mejor opción, creemos que sigue siendo superior a un intento de rescate armado que pone en peligro las vidas de los rehenes”, dice la carta.

En la misiva, sin embargo, los congresitas dicen que el acuerdo debe estar acompañado por un compromiso de las Farc de que los guerrilleros liberados no vuelvan al conflicto y recuerdan que el gobierno de Francia ofreció recibir a los guerrilleros liberados en el intercambio. En efecto, hace tres semanas un emisario del Presidente francés, Jacques Chirac, se entrevistó "en algún lugar de Colombia", con "Raúl Reyes", principal vocero de las Farc, para avanzar en las negociaciones tendientes a poner en libertad a Betancourt, quien también tiene nacionalidad gala y cuya causa ha generado una gran cruzada mundial de solidaridad con las personas que están como rehenes en el país.

El intercambio humanitario operarìa para todos los secuestrados, ya sean políticos, uniformados y civiles, entre ellos la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, su asesora Clara Rojas; 12 diputados regionales del Valle del Cauca, el ex gobernador Alan Jara, el ex ministro Fernando Araújo, cinco ex congresistas, decenas de soldados y policías, al igual que tres contratistas estadounidenses, Marc Goncalves, Thomas Howes y Keith Stansell, cuya avioneta fue derribada hace tres años por los guerrilleros.

Según la ex congresista y ex diplomática Yolanda Pulecio de Betancourt, madre de Ingrid Betancourt, y con quien Uribe se entrevistó recientemente, "lo único que esperamos los familiares que tanto hemos sufrido por el secuestro de nuestro seres queridos es que haya hechos concretos".