'No entendemos cuál es la utilidad de la presencia de la OEA, salvo para legitimar el proceso' con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirmó el responsable de la HRW para América, el chileno José Miguel Vivanco, al presentar en Bogotá un crítico informe sobre el avance del diálogo con el Gobierno de Alvaro Uribe.

Vivanco consideró que la Organización de Estados Americanos no puede tolerar una normativa como la Ley de Justicia y Paz que, a su juicio, está orientada fundamentalmente 'a premiar el silencio y a castigar al que hable'. Así, consideró que los paramilitares con mayores imputaciones no cumplirán más de dos años de cárcel.

Asimismo, el director para las Américas de HRW recordó que la OEA, al establecer la Misión de Apoyo, dejó en claro que su tarea debía velar por los 'estándares internacionales en materia de Derechos Humanos'. 'La norma legal no asegura la confesión, la entrega de información y, tampoco, de las fortunas de los paramilitares, mayoritariamente obtenidas con el narcotráfico', consideró.

'Una vez libres los paramilitares, sus fortunas, poder político y redes criminales seguirán intactas', pronosticó Vivanco, para quien una desmovilización sólo podrá ser efectiva cuando esté 'dirigida al desmantelamiento del poder político y económico, y (de) la estructura criminal de estos grupos'.

Por otro lado, Vivanco opinó que nada se ha conseguido en el pasado reciente, con las primeras desarticulaciones masivas, y tampoco se espera que suceda con la Ley de Justicia y Paz. Las víctimas 'siguen a la espera de algún tipo de reparación', continuó Vivanco, quien insistió en que todo el proceso ha avanzado sin que la misión cumpla un rol acorde con el mandato que recibió.

En este punto, aseguró que el papel de la misión de paz de la OEA es 'altamente cuestionable', por cuanto cumple una 'tarea pasiva y se abstiene de denunciar las violaciones al cese de hostilidades y de ofrecer los informes correspondientes al Consejo Permanente de la OEA'. Según él, 'la misión de la OEA ha contribuido a dar al proceso una apariencia de legitimidad internacional que no se merece'.

Con ello se valida la 'enorme campaña publicitaria y diplomática montada' por el presidente Uribe y su gobierno para 'conseguir apoyo nacional e internacional', subrayó Vivanco, quien previamente presentó el informe 'Las apariencias engañan - La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia'.

Es probable que el proceso con las AUC 'agrave los problemas del país', advirtió el portavoz de HRW al indicar que teme que este diálogo permita que 'esas fuerzas logren consolidarse más (...), limpiar sus antecedentes penales (...), reintegrarse o integrarse por primera vez a lo que ellos llaman la vida política en Colombia'.

Después de recordar que casi 6.000 personas han participado en desmovilizaciones paramilitares colectivas desde 2003, denunció que hasta abril sólo 25 de estos individuos habían sido detenidos por las 'miles de atrocidades' cometidas por sus grupos, considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea.

'Paramilitares recientemente desmovilizados citados en el informe describieron abiertamente su participación en masacres, asesinatos y secuestros, y también hablaron de la muy lucrativa participación de sus grupos en el tráfico de drogas. Sin embargo, ninguno de ellos había sido arrestado o interrogado al respecto', concluyó.