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SECUESTRO: DOLOR EN EL ALMA Y EL BOLSILLO
No es suficiente dolor saber que un ser querido está secuestrado. Cientos de familias colombianas luchan a diario para sobrevivir porque el único ingreso del hogar era el de la persona que está en cautiverio. Las familias de los secuestrados padecen otro drama diario, casi silencio, pero igual de duro que la ausencia del ser querido: pagar impuestos, matrículas, mercar y transportarse sin tener con qué. A la par, tienen que recoger dinero para poder asistir a las marchas y pedir solidaridad con su situación.
Otras, menos afortunadas, se ven obligadas a hipotecar hasta sus casas para pagar el rescate. O en el peor de los casos, endeudarse durante años para que su padre, esposo, hijo, hermano... volviera a la libertad. "Es la realidad de muchas familias", precisa la concejal de Cali, Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado del Valle, Juan Carlos Narváez, secuestrado el 11 de abril de 2002.
Su situación, explica la dirigente, es muy buena comparada con la del resto de familias. "Soy afortunada porque tengo un trabajo. Pero muchas mujeres son ahora cabezas de familia y tuvieron que ponerse los pantalones, trabajar en lo que sea y rebuscársela, pese a quenunca lo habían hecho", indica.
Hasta enero, las esposas de los diputados recibían el salario correspondiente. Pero con el cambio de Gobierno, todo cambió. "Recibíamos el salario puntual y, ahora, nos toca hacer rendir la liquidación para poder vivir", precisa Ana Milena Gómez, esposa del ex diputado Ramiro Echeverri.
Un ejemplo
"Mi caso es complicadísimo porque, además de la parte sentimental, al saber que él está muy mal de salud, me toca levantarme todos los días pensando en qué voy a hacer... Todo se me volvió un enredo. No trabajaba antes y ahora necesito sacar la familia adelante", expresa.
Otras mujeres, como Consuelo Mesa, esposa del ex diputado Héctor Fabio Arizmendi, se las ingenian para vivir. Ahora tiene una peluquería y con ella sostiene a su familia.
Otras familias no tuvieron esa suerte. "Nosotros somos de clase media y que se lo llevaran y encima nos pidieran un dinero que no teníamos fue horrible. Un esos casos, uno hace maromas para conseguir la plata. Hoy estamos muy bien porque mi hijo está libre y no le hicieron daño. Es muy triste saber que hay gente que paga y no se la devuelven", indica la madre de un secuestrado quien por razones de seguridad pidió reserva de su nombre.
Marleny Orjuela, directora de Asfamipaz (que reune a los familiares de militares y policías retenidos), explica que el drama económico queda en un segundo plano cuando otros problemas pesan sobre las familias.
"Crecen los niños sin sus papás, las esposas están sumidas en una tremenda soledad. Algunas intentan rehacer sus vidas. La depresión es inmensa y genera conflictos. Es destruir en parte un hogar que se construyó con mucho esfuerzo", observa Orjuela.
Amparo Lizcano, hermana de Óscar Lizcano (plagiado desde el 5 de agosto de 2000), dice que ese sufrimiento se prolonga a medida que pasan los días y no se tiene noticias del ex congresistas, en poder del frente 47 de las Farc.
"Rogamos a Dios para que esté bien. Cada día que pasa es más eterno. Necesitamos que lo devuelvan ya, eso nos repetimos desde el mismo día en que lo secuestraron y ya han pasado cuatro largos años", recuerda.
Pese a esta situación, las familias de los secuestrados reconocen que hay muchos avances en el tema jurídico, los cuales han permitido que, a la fecha, puedan recibir los salarios de sus esposos. Aunque tuvieron que acudir a mecanismos como la acción de tutela para poder percibir esos ingresos.
Los recursos
Es el caso de María Teresa Gómez de Restrepo, quien amparada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, interpuso una acción de tutela contra la empresa donde trabajaba su hijo, Argiro de Jesús Restrepo, secuestrado desde el 30 de enero de 2001.
Desde esa fecha, la empresa Atempi, donde laboraba el plagiado, pagó de forma oportuna los salarios. Sin embargo, el 3 de abril de 2004, le informó a la mujer que, a partir del 5 de mayo de 2004, no renovaría el contrato laboral.
El pasado 19 de julio, el juzgado 20 Civil Municipal falló a favor de la madre y ordenó a la empresa a que, en un plazo máximo de 10 días, pagara los salarios desde el 6 de mayo, fecha en la cual Atempi dio por terminado el contrato.
Mónica Isabel Gaviria, directora de Talento Humano de Atempi, explica que la empresa acató el fallo de tutela pero, en la actualidad, está en proceso de apelación.
"La tutela determinó que nosotros teníamos que seguir pagándole el salario al señor hasta que apareciera. Ahora, con la apelación, lo que pretendemos es que la familia inicie por lo menos el proceso de muerte por desaparecimiento, porque llevan más de dos años sin tener noticias de él (...) La empresa no está de acuerdo con la decisión del juez de primera instancia y somete a la decisión de otro juez", advierte la abogada Gaviria.
Lucelly Restrepo, hermana del secuestrado, indica que ha sido demasiado difícil esta situación. "Necesitamos, urgente, saber de Argiro. Nadie se resigna a que pasen los años y no haya noticias. Lo del salario es importante y la tutela se falló a favor nuestro. Pero es que este dolor no se quita, es muy grande y lo único que lo remedia, al menos, es saber que está vivo, que está bien", indica la mujer.
Un alivio en Bogotá
Muchas personas llevan en cautiverio hasta cinco y seis años, y aparecen en mora en los registros de tributos municipales. "Las condiciones que están afrontando las familias de las víctimas son muy difíciles, muchas veces tienen que pagar rescates millonarios y, ademas, enfrentarse a que pueden perder su casa o negocio por no pagar impuestos", indica Juan Carlos Lecompte, esposo de Ingrid Betancourt, plagiada por las Farc, el 23 de febrero de 2002.
Lecompte celebra que, en el caso de Bogotá, la situación haya cambiado un poco luego de que, mediante un acuerdo municipal, en el distrito se eximiera a las familias de los secuestrados del pago de impuestos (ver nota anexa).
Pero, aún así, en su caso el drama continúa. "Lo más duro es saber que ellos (los plagiados) están en una condición inhumana allá y pasan los años y sigue este dolor. Eso es lo más duro, que estén sin alas. Pero, otros dolores se le suman a esto, como es el cuento económico", explica.
Sostiene que en el caso de Íngrid duele mucho que, justo ella que está secuestrada, tenga que pagar el llamado impuesto de guerra.
"Lo más absurdo es que cobran el impuesto de seguridad democrática a las personas con ingresos superiores a 150 millones de pesos. Íngrid clasificó en ese grupo y llegó la cuenta de cobro. Es una situación bien paradójica que tenga que pagar una persona a la que el Estado no se la pudo garantizar. Lo que soy yo no lo voy a pagar así tenga la plata porque no es justo", anuncia Lecompte.
Un drama que sigue
Según la Fundación País Libre, en Colombia más de 3.000 personas están secuestradas en la actualidad, pese a que las estadísticas del Ministerio de Defensa advierten de una reducción en los casos de plagio. En lo corrido de 2004, el número de secuestros extorsivos bajó a 476. Esto es, un 53 por ciento menos, comparado con los 1.019 casos presentados entre enero y julio de 2003.
Así lo revela un informe del Ministerio de Defensa, que da cuenta de una reducción total, en ese delito, de 19 por ciento durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, al comparar los 2.780 secuestros extorsivos cometidos desde agosto de 2002 a julio de 2004, con los 3.432 cometidos entre agosto de 2002 y julio de 2002.
Óscar Lizcano ajustó 4 años; Argiro Restrepo, lleva 3; Íngrid y los ex diputados del Valle más de 2 años. Así, cientos de secuestrados siguen en el encierro y sus familias no sólo sienten el dolor de no tenerlos sino que deben preocuparse por seguir viviendo.
En el país, muchas familiares de los secuestrados viven su drama en silencio: pobres y ricos hacen pericias para sobrevivir entre la angustia y el desconsuelo de no saber cuánto tiempo tendrán que esperar y cómo se sostendrán.